Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, imputada de nuevo por tráfico de influencias

La causa, segunda en que se ve imputada la alcaldesa popular de Alicante, investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa | Castedo prestará declaración el próximo día 27 de noviembre por haber favorecido presuntamente a un constructor

El juez Cerón ha imputado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz en el denominado Plan Rabasa.

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La acusación por la que la alcaldesa será objeto por segunda vez de una imputación judicial -ya ha sido anteriormente imputada en causa separada del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante- comprende una presunta prevaricación y tráfico de influencias, por la que Castedo tendrá que declarar en principio el próximo día 27 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante.

La alcaldesa de Alicante declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico de influencias el 27 de noviembre a las 10:00 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante.

Además de Castedo, han sido imputadas el empresario Enrique Ortiz -que comparte con ella imputación en el caso Brugal-, el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, una funcionaria del mismo departamento, Isabel Campos, y otras dos personas más. Tras esperar el informe completo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y la opinión de la fiscalía y las partes personadas en la causa (EUPV y PSPV) sobre la conveniencia o no de requerir la declaración en calidad de imputados del antecesor de Castedo en el cargo, Díaz Alperi, y de la ex secretaria autonómica de Territorio, María Ángeles Ureña, finalmente el juez no ha realizado estas últimas imputaciones.

Recordemos que esta causa, basada en una serie de escuchas telefónicas intervenidas en el transcurso de la investigación sobre el caso Brugal, comprometía a Ortiz y varios cargos públicos del consistorio alicantino en relación a la concesión del macroproyecto urbanístico Plan Rabasa en el que se iba a construir, además de unas 13.000 viviendas, una tienda de la firma sueca de mobiliario Ikea. Según el juez, el informe policial arroja claros indicios de que se actuó para beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz.

Fue EUPV la que solicitó que se abriera una pieza separada del caso Brugal para investigar el Plan Rabasa que ha acabado por imputar a la alcaldesa popular Castedo por prevaricación y tráfico de influencias.

VLC Noticias | Redacción

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