Soler y Bravo lanzan un ‘plan de choque’ para atajar la ’emergencia informática’ de juzgados y fiscalías

Las Conselleries de Hacienda y Modelo Económico y Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas han lanzado un “plan de choque” conjunto para atajar la situación de “emergencia informática” que viven los juzgados y fiscalías de la Comunitat Valenciana ante “la falta de medios” heredada del anterior Ejecutivo. Un informe interno ha puesto de manifiesto la situación actual de “abandono” en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que se utilizan en el día a día en la Administración de Justicia valenciana y, concretamente, en las fiscalías, particularmente en la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, el plan ya ha comenzado su implantación en la Fiscalía Anticorrupción, dado el volumen de trabajo que soporta en estos momentos. El objetivo del plan es “colocar la Justicia valenciana en el siglo XXI”, han destacado los consellers de Hacienda y de Justicia, Vicent Soler y Gabriela Bravo.

Vicent Soler ha criticado la “precariedad” en materia TIC que padece la Administración de Justicia, veintiún años despúes de las transferencias judiciales en materia económica, infraestructuras y personal. Una administración judicial, ha añadido, “a la que el anterior Consell apenas destinó medios” y sobre la que ahora se ha efectuado un análisis detallado de la situación para trabajar “en los temas pendientes y más apremiantes”.

Soler ha afirmado que la Comunitat “necesita un nuevo modelo de justicia”, dado que el actual está “obsoleto”. Un modelo en el que la nueva administración electrónica sea un elemento de mejora en la relación de la justicia con los ciudadanos.

Por su parte, la consellera Bravo ha recordado que “desde el primer día defendí que todo el Consell está comprometido en la mejora de la administración de Justicia valenciana, y ésta es una prueba”. Poner al servicio de los ciudadanos un sistema judicial eficiente “es objetivo prioritario de la Generalitat, porque la Justicia es uno de los instrumentos básicos para la defensa de los derechos de los ciudadanos”, ha añadido.

“Falta de planificación” en el pasado

Entre las medidas a poner en marcha, Soler y Bravo han destacado “la mejora de la red de comunicaciones, la adquisición de nuevos equipamientos tecnológicos, incrementar la conectividad y el intercambio automático entre administraciones y la implantación generalizada de sistemas que permitan la tramitación electrónica”.

Las conclusiones de la auditoría, plasmadas en un informe de situación, destacan cómo la Conselleria de Justicia “se ha visto afectada de forma directa por la falta de planificación y la paralización de actuaciones que en materia TIC decidió el anterior gobierno de la Generalitat”.

De hecho, el citado informe califica de “emergencia” la situación de las TIC de la Generalitat en la administración de justicia por la dejadez a que ha estado sometida por el anterior gobierno, destacando el caso de la falta de planificación y actuaciones de modernización de las Fiscalías y, sobre todo, de la Fiscalía Anticorrupción.

Para poner fin a esta situación, las Direcciones Generales de Justicia y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones están colaborando estrechamente para definir un conjunto de proyectos que permitan a la Administración cambiar y mejorar la forma en que los servicios de justicia se venían prestando en legislaturas anteriores.

Renovación total de equipos informáticos

En el marco del Plan, para el que Soler y Bravo han mantenido reuniones, se va a acometer con carácter inminente la instalación de 3.830 ordenadores, de los que 3.200 unidades corresponden a los equipos adquiridos por el anterior Consell y que se encontraban embalados y sin instalar en los almacenes que la Generalitat tiene en Riba-roja, toda vez que no eran compatibles con los sistemas instalados en la Generalitat, por lo que ha habido que garantizar su adaptación.
Los restantes 630 PC´s se compraron en 2015. En total, se van a renovar todos los ordenadores de la administración de justicia valenciana, que suman un total de 6.000 PC´s en las 63 sedes judiciales de la Comunitat, que incluyen 539 oficinas (juzgados, fiscalías, servicios comunes, archivos e institutos de medicina legal), con una inversión estimada de unos 7 millones de euros.

Al mismo tiempo, el plan incluye la materialización del proyecto ÁGORA, con una inversión estimada de 3.261.085 € IVA incluido, que acabará con la actual incomunicación a nivel informático entre jueces, fiscales, abogados y forenses. En la actualidad el sistema con el que trabajan los jueces valencianos (CICERONE) es incompatible con el de las fiscalías (FORTUNY), con el de los abogados (LEXNET) y con el de los institutos de medicina legal (IML-MELVA).

De esta forma, jueces, fiscales, abogados y forenses podrán acceder con un clic a toda la documentación incluida en un procedimiento judicial, poniendo fin a la actual situación de incomunicación e incompatibilidad de sistemas de gestión procesal. Esto será posible a partir de las versiones 19 y 20 del programa CICERONE.

En concreto, el plan diseñado incluye, a medio plazo, una profunda revisión del sistema de gestión procesal CICERONE, que incluso será reemplazado por uno nuevo si los actuales procesos de actalización no consiguen llevarlo a los niveles de calidad e interoperatividad mínimos que se han fijado las dos direcciones generales.

Mejora en comunicaciones en el TSJCV

Por otra parte, entre las actuaciones prioritarias para 2016 está la renovación del equipamiento de comunicaciones en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Este proyecto permitirá implantar una solución tecnológica de última generación basada en Telefonía IP, tecnología que permite integrar en una misma red las comunicaciones de voz y datos. Asimismo, se renovarán todos los terminales de usuarios, mejorando sustancialmente el servicio de telefonía del que disponen en la sede del TSJ, y se actualizará y ampliará el cableado del edificio, instalando nuevo equipamiento de red.


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