Seis enfermos extranjeros recibieron trasplantes de riñón de forma irregular

Seis pacientes recibieron un trasplante de riñón al entrar de forma irregular en las listas de espera del  sistema sanitario. / Fotolia
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Seis pacientes recibieron un trasplante de riñón al entrar de forma irregular en las listas de espera del  sistema sanitario. / Fotolia

La Organización Nacional de Trasplantes ha detectado cómo seis enfermos extranjeros obtuvieron un riñón y a otras ocho personas que fueron tratadas con diálisis de forma fraudulenta en la Comunidad de Madrid. Conseguían el derecho a la tarjeta sanitaria simulando un contrato laboral. Estas terapias costaron más de 1,5 millones de euros al sistema sanitario español y suponen un perjuicio para el resto de enfermos en lista de espera.

La Guardia Civil, en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y otras instituciones, ha descubierto un fraude a la Seguridad Social de más de 1,5 millones de euros. Veinte personas de Europa del Este, en su mayoría enfermos renales búlgaros, se daban de alta en el sistema ilegalmente para obtener la tarjeta sanitaria y así entrar en la lista de espera y recibir un trasplante.

Los medios de comunicación de Bulgaria difundían noticias explicando cómo acceder a las listas de espera del sistema español

De los investigados, catorce personas fueron atendidas con diálisis y seis de ellas obtuvieron el riñón que necesitaban, según ha informado hoy en rueda de prensa Rafael Matesanz, director de la ONT.

La excelente reputación que tiene el Sistema Nacional de Salud en el extranjero y, en concreto, su labor en trasplantes llama la atención de enfermos fuera de España. Por ello, y alentados por noticias difundidas en medios de comunicación de Bulgaria, viajaban hasta la Comunidad de Madrid y solicitaban el tratamiento de hemodiálisis que ofrece nuestro sistema sanitario a turistas o visitantes como urgencia médica.

El comandante Reina, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada de la Guardia Civil, ha liderado la denominada operación Renibus –riñón en latín–, y ha declarado que los medios búlgaros “alentaban a los enfermos a trasladarse a España diciéndoles que si encontraban trabajo accederían al sistema de trasplantes, omitiendo la ilegalidad del proceso”.

Tras acudir regularmente a las sesiones prescritas de urgencia, se empadronaban como extranjeros residentes y se daban de alta en la Seguridad Social, ya fuese como autónomos o por cuenta ajena en siete empresas ficticias, sin que llegasen a realizar actividad laboral alguna. De esta forma podían obtener la tarjeta sanitaria con la que acceder a todos los servicios del sistema público de salud.

La operación se inició tras recibir una denuncia de la Oficina Madrileña de Coordinación de Trasplantes, que detectó un aumento inusual de pacientes procedentes de Europa del Este en las listas de espera.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha apuntado durante la rueda de prensa que “no es normal que personas en diálisis puedan seguir trabajando de forma ordinaria como jardineros, empleados del hogar o de la construcción”, y ha asegurado que el sistema de atención y prevención para estos casos funciona bien.

Los trastornos renales no requieren una intervención urgente, como ocurre con dolencias pulmonares o de corazón

¿Por qué solo enfermos renales?

Rafael Matesanz, director de la ONT, ha señalado que las razones médicas para que solo enfermos renales intentaran acceder al sistema español es que los trastornos de este tipo son de larga duración y no requieren una intervención urgente, como ocurre con dolencias pulmonares o corazón.

Según ha explicado, en este caso primero se pasa por una diálisis para después recibir, si fuese necesario, el órgano. “El 85% de los pacientes en diálisis no están en lista de espera”.

El tratamiento previo, prescrito de urgencia, permitió que los pacientes realizasen los trámites con la Seguridad Social. El director de la ONT ha asegurado que los pacientes que recibieron el trasplante reunían los requisitos para ello sin que hubiese manipulación alguna en las listas de espera.

Las disfunciones renales requieren de un seguimiento que va más a allá del proceso quirúrgico. Matesanz ha confirmado que los enfermos continúan en España tratándose. “Me temo que la financiación de los fármacos en Bulgaria es complicada”. La juventud de la mayoría de los pacientes trasplantados ha supuesto un perjuicio para el resto de pacientes de la misma franja de edad porque requieren un órgano de menos edad y estos riñones son más difíciles de conseguir.

Lucha contra el turismo sanitario

El boca a boca entre pacientes y varios artículos en la prensa y televisión búlgara en los que se ensalzaba el prestigio internacional del sistema de trasplantes español produjo un efecto llamada en el país balcánico.

“Cada trasplante cuesta unos 50.000 euros y hay que sumar los tratamientos anteriores y posteriores”, ha apuntado Matesanz

“Esta operación entra dentro del turismo sanitario”, ha sentenciado Matesanz. Además, el director de la ONT ha añadido que solo los enfermos que tengan su residencia habitual en España pueden ser receptores de órganos y ha admitido que estos casos perjudican a los pacientes que regularmente se encuentran en lista de espera.

“Cada trasplante cuesta unos 50.000 euros y hay que sumar los tratamientos anteriores y posteriores”. Para desarrollar esta operación, los efectivos de la Guardia Civil han contado con la colaboración del gobierno búlgaro y con la Oficina Europea de Policía (Europol, por sus siglas en inglés).

El comandante Reina ha descartado que haya una organización criminal detrás de este fraude. “El único nexo común es una persona que, de forma altruista, facilitaba la información necesaria a los enfermos”.

La investigación iniciada en la Comunidad de Madrid continúa abierta e inicia el estudio en el resto de regiones españolas en busca de nuevos fraudes. Los expertos no descartan nuevos casos y han asegurado que esta detención ha impedido un fraude mayor.

Los 20 imputados se enfrentan a penas de entre seis meses y seis años prisión, además de una multa y el reintegro de las prestaciones recibidas.


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