Sanidad propone que los ‘sin papeles’ deberán llevar 6 meses empadronados

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El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha afirmado este miércoles que se ha dado 15 días a las comunidades autónomas para que aporten las “mejoras” con “ánimo constructivo” al borrador de propuesta para homogeneizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, que contempla un empadronamiento mínimo de seis meses y que la persona, mediante un mediador asistencial, justifique su vulnerabilidad económica.

Lo ha declarado tras presidir la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que se ha analizado el citado borrador con representantes autonómicos y de los Ministerios de Empleo, Interior y Asuntos Exteriores.

Preguntado por la posibilidad de que la Policía tenga acceso a los datos que figuren en el registro que Sanidad propone para que los “sin papeles” accedan a un documento con el que recibir asistencia sanitaria, Moreno ha explicado que estos inmigrantes deben estar en la base de datos del SNS porque “tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las pruebas clínicas”, pero ha asegurado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, del Ministerio del Interior, que “ni puede acceder ni pretende hacerlo”.

Sobre el polémico registro en el que deberían estar inscritas estas personas para tener acceso a la atención normalizada –criticado por la oposición y ONG porque podría disuadir a los inmigrantes de acudir al médico– Moreno explicó que estas personas deben estar en la base de datos del SNS porque “tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las pruebas clínicas”. Aseguró, no obstante, que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior no tendrá acceso al mismo porque “ni puede acceder ni pretende hacerlo”.

En cualquier caso, el secretario general de Sanidad admitió que la de su gabinete es sólo una propuesta con “criterios mínimos” para ampliar la atención sanitaria a estos inmigrantes para que ésta sea “homogénea” en toda España. De hecho, el ministerio ha dado quince días a las comunidades para que hagan sus alegaciones “constructivas” a la propuesta. Cualquier acuerdo deberá cerrarse en un Consejo Interterritorial al que sí acudirían los consejeros y el ministro.

En este sentido, Moreno dijo que si alguna comunidad se desvía del criterio marcado “está en su derecho de hacerlo” y admitió que el ministerio no puede tomar medidas. En este sentido, remarcó que él nunca llegó a amenazar con sanciones a las autonomías que estaban poniendo en marcha planes para devolver la asistencia normalizada a los sin papeles y reconoció que, por el momento, no le consta que ninguna esté incumpliendo lo que marca la UE. Por el momento, las autonomías gobernadas por el PSOE han pedido que se derogue la reforma sanitaria de 2012.

Cuando, en 2012, el Ejecutivo pasó a garantizar la atención gratuita de los inmigrantes sin papeles sólo en Urgencias, parto y posparto, así como para los menores, lo hizo argumentando criterios económicos. Este miércoles, en rueda de prensa, hasta en dos ocasiones Moreno fue preguntado por el ahorro obtenido, si bien declinó dar la cifra.

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