Sánchez pide que se haga efectivo el auto que suspende el decreto de plurilingüismo

image_content_6835638_20170712194804La Diputación de Alicante solicitará que se haga efectivo el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que suspende cautelarmente la aplicación del decreto de Plurilingüismo, de manera que se evite su aplicación.

El presidente de la corporación provincial, el popular César Sánchez, defendió ayer que la Generalitat debe cumplir con la Justicia y con la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos. «Defenderemos los derechos fundamentales de los alumnos de la provincia en la defensa del interés público». Además, respondiendo a las críticas realizadas desde el Consell por la interposición del recurso que ha llevado a la paralización del decreto, defendió que esta es una de las responsabilidades que tiene la Diputación como Administración.

Sánchez entiende que el cumplimiento del auto del TSJCV debe materializarse en que el decreto de Vicent Marzà no puede ponerse en marcha y se tiene que suspender.

Instó al Consell a que no caiga en la insumisión, respete la legislación, las leyes y la Justicia, y «no emule a sus amigos independentistas de Cataluña intentando no cumplir la Ley y las sentencias judiciales». Del mismo modo, solicitó a la Generalitat que sea «seria, responsable y rigurosa» porque la provincia de Alicante no se merece un gobierno que viva al margen de la Ley y de las normas de convivencia de todos los españoles.

Estrategia, la negación

Desde que el pasado 24 de mayo el TSJ aceptó el recurso de la Diputación de Alicante y decretó la aplicación cautelar del plan de Marzà, la Conselleria de Educación ha actuado negando la mayor. Asegura que puede seguir aplicando los proyectos lingüísticos ya aprobados en los centros a pesar que estos se basen en el decreto que la Justicia ha ordenado paralizar alegando que puede provocar discriminación entre los alumnos de la Comunitat.

Sin embargo, la Justicia ha dado la misma respuesta a otros dos recursos interpuestos por la Asociación de Defensa del Castellano de la Comunidad Valenciana y el sindicato USO.

El Consell argumenta que la Abogacía de la Generalitat tiene un informe que garantiza la actuación de Educación e insiste en que el Tribunal Supremo es quien tiene la última palabra.

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