Salvador anuncia la entrada en vigor de las ayudas para la pobreza energética

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La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, cumple con su compromiso de garantizar el derecho al uso de una vivienda digna y al acceso a los suministros básicos de energía y agua potable a las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

Así se desprende de la Orden, que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), que tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los municipios, mediante concurrencia competitiva, para evitar el corte de los suministros de energía eléctrica, agua y gas a las familias más vulnerables, así como para contribuir al pago del alquiler de la vivienda a personas que, por haber sido desahuciadas o haberse visto obligadas a ofrecer su vivienda habitual en pago, hayan accedido a un alquiler social y no puedan hacerle frente.

Para la consellera de Vivienda Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, la orden de pobreza energética, que entrará el vigor el primer día hábil de enero, supone que “la Generalitat, por primera vez, va a garantizar el acceso a los suministro básicos de energía y agua potable a los personas y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Con esta medida – ha añadido- el Gobierno cumple con los ciudadanos con unos presupuestos aprobados para 2016 que ejecutamos desde el minuto cero del nuevo año”.

“Además, – ha añadido- con esta orden hemos articulado un procedimiento con los ayuntamientos para conseguir ayudas económicas para aquellos hogares con un nivel de renta que no sea capaz de hacer frente a los recibos de luz, agua y gas así como a aquellas personas que no pueden hacer frente al pago de su alquiler y se encuentren en situación de exclusión social. En definitiva vamos a aprobar un primer tramo del total de la ayuda de 5,9 millones de euros. Publicamos un primer tramo de 4 millones, 2,5 millones para suministros básicos y 1,5 millones para ayudas al alquiler”.

Evitar el corte de suministros básicos

El objeto de la Orden es articular un procedimiento para que, a través de las entidades locales, se puedan conceder ayudas económicas a aquellos hogares cuyo nivel de renta no sea capaz de hacer frente al pago de los suministros energéticos, evitando así el corte de los mismos y las graves consecuencias para las familias afectadas.

El Consell es consciente del incremento producido en los últimos años en el número de hogares en situación de pobreza energética y sensible a la problemática de exclusión residencial y social generada. Por esta razón, está adoptando diversas medidas para permitir el acceso de aquellos sectores más necesitados de la población a unos estándares mínimos de vida.

En este sentido, la Conselleria, que ha tenido en cuenta la situación en que se encuentran muchas personas, que se han visto privadas de la propiedad de su vivienda habitual o han sido desahuciadas por no poder atender sus pagos, ha creído necesario responder a esta necesidad social con disposiones excepcionales para solucionar el problema.

Acuerdos con empresas energéticas

Como se recordará, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio firmó recientemente acuerdos de colaboración con ENDESA, Gas Natural Fenosa e Iberdrola para evitar los cortes de los suministros de energía eléctrica, agua y gas a familias en riesgo de exclusión social.

A los efectos de poder acogerse a estas ayudas se consideran en riesgo de exclusión social las personas que tengan unos ingresos inferiores a 1,5 IPREM y las unidades familiares o de convivencia con ingresos inferiores a 2 IPREM.

En cuanto a las ayudas para el alquiler social, la cuantía será de hasta 100 euros mensuales durante un periodo máximo de un año, y en ningún caso podrá superar el importe de la renta.

Las ayudas para evitar la pobreza energética será en los casos de corte de suministro eléctrico o de gas de 75 euros por recibo mensual y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año, y en caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por recibo mensual y un máximo de 60 euros por consumidor y año. Asimismo podrán ser objeto de ayudas los costes ocasionados para restablecer los suministros en el caso de que se haya producido su corte.

Los servicios sociales de los ayuntamientos tramitarán las ayudas

De esta forma cuando los servicios sociales de los ayuntamientos adheridos detecten el caso de una persona o familia en situación de vulnerabilidad, con serias dificultades para el pago del suministro de electricidad o de gas, o que ya se ha producido la suspensión del suministro a su vivienda habitual, realizarán una valoración para determinar si pueden ser beneficiarios de la ayuda destinada al pago del suministro energético.

Si reúne los requisitos, los servicios sociales lo pondrán en conocimiento de las empresas suministradoras y de la Conselleria y se paralizará el procedimiento de suspensión del suministro mientras se gestiona el pago de las facturas adeudadas.

Restablecimiento inmediato del servicio

Por su parte, la empresa suministradora solicitará de modo inmediato el restablecimiento del suministro. Asimismo no volverán a solicitar la suspensión del suministro mientras se gestiona la concesión de las ayudas. Tampoco exigirán el pago de ningún tipo de intereses.

El Ayuntamiento pagará directamente a la empresa el importe total de la deuda y si se ha restablecido el suministro, los derechos de reconexión. Además, comunicará el pago de la deuda a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio quién tramitará el pago al Consistorio de las cantidades que éste haya abonado.

Lucha contra la pobreza energética

La dificultad de las familias para hacer frente a los gastos de vivienda y suministros básicos es una realidad que afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a orientar sus políticas sociales, para la protección de consumidores vulnerables. A este respecto, los estados miembros están obligados a desarrollar actuaciones para luchar contra la pobreza energética y garantizar el suministro de la energía necesaria para los clientes vulnerables adoptando las políticas sociales que al efecto se consideren procedentes.

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