Safont utiliza Xarxa Llibres para recaudar pese al informe en contra de intervención

Juan Fuster
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Los fondos que Puig anunció en septiembre que deberían ayudar a las familias en la compra de los libros de texto “han servido para engordar las arcas municipales”

Burriana, 30 de abril de 2016: El Ayuntamiento de Burriana ha empleado los fondos destinados a ayudar a las familias en la compra de los libros de texto, a través del programa Xarxa Llibres, han servido para recaudar y hacer caja de aquellos contribuyentes que tenían deudas con la Administración local.

La intervención municipal ha emitido informe en contra de la operación aprobada por la alcaldesa socialista, María José Safont, responsable a su vez de la cartera de Educación. Advierten que un deudor con la administración pública no puede percibir subvenciones y, por tanto, la intervención informa desfavorablemente a las compensaciones firmadas por la máxima responsable municipal.

Los 200 euros que Ximo Puig, el 2 de septiembre de 2015, anunció que iban a llegar a todas las familias con hijos en edad escolar para financiar la compra de los libros no llegará a Burriana a 218 familias que la solicitaron. Los fondos transferidos por el Consell y el Gobierno Provincial al consistorio debían facilitar a las familias de Burriana con menos recursos el pago de este material. Sin embargo, “en la práctica ha desarrollado una orden que lo que permite es recaudar de quienes, tal y como ellos denunciaron en su momento, sufren el drama de no poder pagar los impuestos por la situación dramática y de exclusión social a la que se habían visto arrojados por efectos de la crisis”.

En este sentido, tal y como ha declarado el regidor, lamentamos que “quienes habían anunciado que venían a rescatar a las personas, a salvar a los ciudadanos de la emergencia social, ahora que gobiernan, que son quienes gestionan, se dediquen a utilizar supuestas ayudas, las que anunció el presidente del Consell para sanear las arcas municipales”. Una operación que “la alcaldesa asume y firma en contra de intervención y que nos preguntamos qué consecuencias puede acarrear con posterioridad en la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, puesto la ley establece que los deudores con la administración pública no pueden acceder a subvenciones”.

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