Rita Barberá declara este lunes en el Tribunal Supremo en calidad de investigada

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Rita Barberá
, senadora valenciana por designación territorial, histórica dirigente del Partido Popular y alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015, declara este lunes en el Tribunal Supremo en calidad de investigada (lo que antes se conocía como imputada) por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a la financiación del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia durante su gestión.

Barberá fue citada por el magistrado de la Sala II Cándido Conde-Pumpido el pasado 13 de septiembre, un día después el PP la forzó a darse de baja del partidotras 40 años de militancia, pero ella, pese a la presión de su partido y de toda la oposición, se agarró con las dos manos al escaño de senadora, ahora en el grupo mixto. Su negativa a entregar el acta le permite declarar en el Supremo en calidad de aforada.

El Tribunal Supremo investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como “pitufeo”, supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.

La investigada comparecerá a partir de las 10.30 horas para que el magistrado Cándido Conde Pumpido la pueda interrogar antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa.

La causa abierta por el Supremo se apoyó en el informe favorable del fiscal y deriva de la exposición razonada que envió al alto tribunal el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominado Caso Imelsa.

Posible blanqueo a través de donaciones

La investigación se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros.

Así mismo se indaga si se trató de blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita con donaciones de mil euros de concejales y asesores, entre ellos Barberá, que todos los investigados reconocen haber efectuado y que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500,.

La causa apunta hacia la secretaria del Grupo María del Carmen García-Fuster, que mantenía una estrecha confianza con Barberá y que era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias. También se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado.

El Caso Imelsa nació a partir de una investigación sobre determinadas irregularidades en la Concejalía de Cultura y la Diputación Provincial, así como en el de la empresa pública Imelsa y la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGS.

Una conversación telefónica apunta a Barberá

En ese contexto se tuvo conocimiento de una conversación telefónica -cuya escucha se hizo con autorización judicial- según la cual se habría realizado un ingreso mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, donativo que fue reintegrado con dos billetes de 500 euros.

En esa conversación se hacía referencia a la secretaria del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento como la persona que habría entregado los billetes, y se citaba a Rita Barberá.

Esta pieza tiene 47 personas investigadas, más el PP como persona jurídica. Esa parte del caso sigue en Valencia.

 

¿Por qué está imputada Rita?

Desde el entorno de la ex alcaldesa de Valencia se ha tratado de restar trascendencia a la causa asegurando que se le acusa tan solo de haber aportado 1.000 euros a las cuentas del partido para colaborar en la financiación de las campañas electorales. “No se le puede llamar corrupta por 1.000 euros”, decían sus últimos fieles en el PP.

¿Es cierto que Rita Barberá pagó 1.000 euros para ayudar a su partido? En efecto. Lo hizo y no constituye ningún delito. Ella mismo lo reconoció en un escrito remitido al juez que investigaba el llamado caso Taula en Valencia el pasado mes de abril. “Es cierto que aportó un donativo de 1.000 euros para la financiación de la campaña a las elecciones municipales de 2015, mediante un talón bancario contra su cuenta corriente de Bankia”, aseguró entonces su abogada.

El cheque al portador de Barberá está incluido en el sumario del caso y fue firmado por la entonces alcaldesa el 31 de marzo de 2015, dos meses antes de las elecciones municipales en las que perdió la vara de mando.

¿Cuál es el presunto delito entonces? La causa no persigue las donaciones (legales), sino averiguar si ese dinero aportado a las cuentas del Partido Popular por sus concejales y asesores les era devuelto después en billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. Es decir, Barberá no está imputada por 1.000 euros como dicen sus afines sino para averiguar si formaba parte de una supuesta trama de financiación ilegal de su partido antes de las campañas electorales.

Y justo por esto se ha negado la ex alcaldesa a abandonar el Senado. Barberá prefería permanecer en el grupo mixto y ser juzgada sola en el Supremo de Madrid que compartir banquillo con sus ex asesores y concejales en un juzgado de Valencia como si fuera la jefa de una banda criminal. Consigue además separar su papel del de su equipo y traslada la falsa percepción de que, total, son 1.000 euros.

¿Qué es el pitufeo?

El sistema utilizado por el PP valenciano para llegar “dopado” a las elecciones era, según el sumario, lo que se conoce como “pitufeo”, práctica habitual en el narcotráfico o la ocultación de comisiones ilegales. Consiste en que muchas personas ingresen pequeñas cantidades de dinero (1.000 euros cada una de las 50 personas implicadas en este caso) en una cuenta común para que días después estas mismas personas reciban la misma cantidad en efectivo (en dos billetes de 500). Al no ser donaciones escandalosas es fácil evitar los controles fiscales y se puede devolver al circuito legal el dinero negro oculto previamente.

Así lo describía en conversación telefónica con su hijo la ex concejal valenciana María José Alcón: “Han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro (…) Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero vamos, corrupción política total”.


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