La represión de la Dirección General contra las asociaciones aboca al paro a docenas de trabajadores 

Carta a AUGC de Córdoba
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La deriva autoritaria del Gobierno en funciones y de la Dirección General de la Guardia Civil ha entrado en una espiral que desde AUGC sólo podemos calificar de demencialmente irresponsable. En este caso, la pulsión antidemocrática del Generalato, en su afán por hacer daño a las asociaciones profesionales, y por tanto a los legítimos representantes de los guardias civiles, llega al extremo de poner en riesgo los puestos de trabajo de los trabajadores que prestan sus servicios laborales a dichas asociaciones.

Para ello, la Dirección General selló el pasado 28 de diciembre una Orden General que, aunque pueda parecer una inocentada dada la fecha elegida, aboca en muchos casos al paro a docenas de hombres y mujeres cuyo único delito es trabajar honradamente para AUGC y otras asociaciones de guardias civiles.

Esta norma, que entró en vigor el pasado 1 de febrero, establece que en los locales cedidos para uso de las asociaciones profesionales en dependencias oficiales del Cuerpo “no podrá desempeñar su actividad laboral o similar personal ajeno al catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil, o que no mantengan con la misma una relación contractual”. Pero lo grave y arbitrario de este ataque a los derechos laborales básicos queda absolutamente en evidencia cuando en las unidades de la Guardia Civil ya trabajan cientos de empleados ajenos al Cuerpo en labores administrativas, informáticas y de servicios varios.

Así se ha comenzado a comunicar a los representantes de delegaciones territoriales de AUGC. Es el caso de Córdoba, que ya ha recibido una notificación en este sentido en relación a uno de sus trabajadores.

Los guardias civiles esperamos que ésta sea la última decisión que afecte a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil, hasta la formación del nuevo gobierno, y con ella acabe una pésima gestión del peor ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desde 1983 -según el CIS- y un director general, Fernández de Mesa, caduco, desorientado e incapaz de dirigir la Guardia Civil, convirtiéndose en un palafrenero al servicio de los Generales del bunker de la Dirección General de la Guardia Civil, siendo muestra de ello la manifestación celebrada el pasado 14 de noviembre, la cual congregó a mas de 12.000 personas en las puertas de la DGGC.

Y es que, tras haber abierto durante los últimos meses numerosos expedientes contra los representantes de los trabajadores del Cuerpo, haber incumplido reiteradamente sus promesas a las asociaciones –promesas de palabra y por escrito- y haber hecho oídos sordos a todas las reclamaciones de los guardias civiles para que se termine de una vez por todas con su discriminación social y laboral, ahora les llega el turno de represaliar a sus empleados.

En su afán por hacer daño a las asociaciones, la Dirección General no tiene problema alguno en condenar al desempleo a docenas de hombres y mujeres que dependen de ese salario para sacar adelante a sus familias. Para ellos el drama del paro en España, que afecta a millones de personas, no es algo tan relevante como sí lo es seguir represaliando a los representantes de los guardias civiles, ya sea en sus propias personas o a través de los profesionales que trabajan para ayudarles a sacar adelante la actividad de sus asociaciones.

Desde AUGC debemos, por tanto, denunciar una vez más la locura represora de la institución contra sus propios servidores, acrecentada en estas últimas semanas de indefinición política, que están aprovechando para cometer un desmán tras otro, como acelerar una agenda de grupos de trabajo que sólo tiene por objeto dejar bien atados sus egoístas intereses ante el pánico que les provoca la llegada de un nuevo gobierno que pudiera poner en cuestión sus privilegios.

Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

 

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