PP, Cibur y C’s hacen frente común contra el PSPV por plegarse a la urbanizadora de Sant Gregori

Burriana Sant GregoriPP, Cibur y C’s hacen frente común contra el PSPV por plegarse a la urbanizadora de Sant Gregori en contra de los técnicos municipales
La oposición pide pleno extraordinario para debatir una medida “incoherente” ya que el 26 de enero el PSPV apoyó retirar la condición de agente urbanizador

Burriana, 24 de septiembre de 2015: El PSPV de Burriana, que el 26 de enero de 2015 votó a favor de la retirada de la condición de agente urbanizador a la mercantil Golf Sant Gregori, hoy ha anunciado su intención de dejar caducar ese expediente sin ejecutar los avales. “Se han plegado a los intereses de la urbanizadora, lo han hecho incumpliendo incluso los informes técnicos municipales, que apuestan por resolver el expediente, y han dejado a Burriana a merced de los intereses privados”.

El Partido Popular ha presentado hoy junto al resto de grupos de la oposición, Cibur y Ciudadanos, una instancia para que la alcaldesa del tripartito convoque un pleno extraordinario que decida sobre la rescisión de la condición de agente urbanizador a la mercantil. Un frente común para lograr que el PSPV no abandone a Burriana a su suerte y “siga el dictado de los informes técnicos municipales, que aconsejan no dejar caducar el expediente, como nos han transmitido que pretenden hacer”.

Juan Fuster, portavoz del PP en Burriana, ha manifestado que el tripartito local “debería velar por los intereses de Burriana, de todos los vecinos que representa”. “Están alineados con la urbanizadora y creemos que hay otras formas de seguir adelante”. Por este motivo, “porque como representantes públicos estamos para defender los intereses de Burriana, queremos que el PSPV nos informe de qué razonamiento jurídico ha seguido para dejar caducar el expediente”.

Evidentemente, ha apostillado Fuster, “no es el de nuestra técnico municipal, que considera que el expediente no está caducado”. En este sentido, “no entendemos por qué ahora al PSPV y a sus socios de gobierno, Compromís y Podem, no consideran válido este documento e incurren en una decisión que en la práctica debilita la defensa de los intereses del ayuntamiento, en definitiva, de toda la población”.

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