Pilar Martínez insta a los gobiernos autonómicos a incluir en los programas de desarrollo rural y en los presupuestos compensaciones a agricultores afectados por red natura

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La letrada experta en medio ambiente Pilar Martínez insta a los gobiernos autonómicos a incluir en los programas de desarrollo rural y en los presupuestos compensaciones a agricultores afectados por red natura

La abogada incide en que la mayoría de los planes de gestión de espacios protegidos hacen recaer el coste de la conservación exclusivamente sobre las economías y patrimonios de los particulares afectados y elogia la iniciativa del Ejecutivo de Castilla La Mancha de establecer partidas presupuestarias en los PDR

Pilar Martínez Abogados, despacho especializado en Medio Ambiente y Urbanismo, insta a los gobiernos autonómicos a incluir en los Programas de Desarrollo Rural (PDR) y muy especialmente en los presupuestos de las Comunidades Autónomas, partidas específicas para compensaciones e indemnizaciones a los ganaderos, propietarios y residentes en territorios  declarados espacios naturales y Red Natura. La abogada incide en que la mayoría de los planes de gestión que regulan estos espacios protegidos incumplen la normativa europea, haciendo recaer el coste de la conservación exclusivamente sobre las economías y patrimonios de los particulares afectados.

En este sentido, la letrada considera un primer paso la iniciativa del Ejecutivo de Castilla La Mancha, que ha anunciado que el PDR contemplará partidas presupuestarias como fórmula para asegurar que las indemnizaciones lleguen a aquellos que contribuyen con reducciones y limitación del usos de sus bienes y derechos a la defensa del interés público de la conservación.

“En la mayoría de estos planes se hace recaer exclusivamente sobre las economías y patrimonios de los particulares la carga de la conservación, mientras que las ayudas y subvenciones de Europa se reparten entre los movimientos ecologistas”, sostiene la abogada, quien añade: “Es evidente que el primer coste de la conservación es el de compensar e indemnizar a aquellos que, en beneficio de toda la sociedad y a fin de contribuir a la defensa del interés público de la conservación, ven restringido hasta límites inimaginables el uso de sus propiedades y sus derechos como dueños, llegando incluso a impedirles la libre circulación por sus fincas, muchas de las cuales, constituyen el único medio de vida y sustento de los afectados y sus familias”.

Pilar Martínez insiste en la necesidad de que, cumpliendo con la normativa europea y la jurisprudencia de nuestro país, se compensen tales restricciones en los planes de gestión que regulan los espacios protegidos Red Natura o a través de nuevas fórmulas: “La normativa europea y nuestras leyes y Tribunales exigen, en todo caso, indemnizaciones individuales por las limitaciones a los derechos subjetivos adquiridos y previamente consolidados, así como la consiguiente previsión presupuestaria para aprobar la norma y la aprobación de Planes de Desarrollo Sostenible. Pero esto rara vez ocurre, lo que condena a los propietarios y afectados a iniciar interminables procesos judiciales para la defensa de derechos como el de propiedad que, en derecho europeo, está considerado como un derecho fundamental”.

El 27% del territorio valenciano está incluido en Red Natura. La Comunidad valenciana, además, cuenta con 22 Parques Naturales (174.421 ha), Microrreservas (51.386 ha), Zonas Húmedas (44.844 ha) y 8 Paisajes Protegidos (37.435 ha). En este sentido, Pilar Martínez recuerda que son muchos los incumplimientos que se han producido y se siguen produciendo en la elaboración de los planes de gestión de estos espacios, su definición territorial, el análisis de las necesidades reales de conservación y la repercusión para el desarrollo de la zona.

Con 20 años de experiencia, la letrada recuerda que la Directiva Hábitats no solo establece unos criterios de conservación, sino que también exige la previsión de alternativas y planes de desarrollo sostenible para las zonas a las que afecta. “La desgraciada realidad es que tales planes de desarrollo sostenible no existen o, en caso de existir, no pasan de ser mera retórica de futuribles que, hasta el momento, no han llegado a producirse”, asegura Pilar Martínez: “El coordinar ambos intereses, la conservación necesaria y el imprescindible desarrollo y crecimiento de los pueblos requiere un examen profundo y riguroso de las necesidades en ambos aspectos, lo que no se ha hecho hasta ahora”. En este sentido, añade: “Las decisiones poco reflexivas en materia conservacionista, imponiendo muy serias restricciones, pueden suponer la condena al subdesarrollo y abandono de la población rural en un amplio territorio español y esto no es lo que propone la Directiva Hábitats”.


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