Piden explicaciones en el Congreso al Gobierno en funciones acerca de la falta de chalecos antibalas femeninos en la Guardia Civil

 

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Hoy se ha conocido que el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha pedido explicaciones al Gobierno en funciones acerca de la inexistencia de chalecos antibalas femeninos en la Guardia Civil. La pregunta tiene como motivo el caso, recientemente denunciado por AUGC, de una guardia civil destinada en la provincia de Salamanca que se encuentra de baja psicológica y a la espera de apertura de la instrucción de un delito militar por insubordinación, como consecuencia de la aplicación del Código Penal Militar en la Guardia Civil.

El ‘delito’ de esta trabajadora del Cuerpo no ha sido otro que el de optar en un control policial por vestir su chaleco antibalas propio, adquirido por ella misma por unos 500 euros, y que lleva usando sin problemas desde hace años, frente al oficial, una prenda de uso masculino que debido a su excesivo tamaño le impedía el acceso a su arma reglamentaria y a los grilletes.

Pese a esta circunstancia, el oficial al mando la exigió el uso del chaleco masculino. A pesar de esto, la agente, ante el riesgo para su seguridad, optó por hacer uso del suyo particular, que era de su talla y le permitía acceder a los elementos de seguridad referidos. El resultado de su decisión, por otro lado totalmente coherente con el desempeño de su labor, ha tenido como resultado la propuesta de instrucción de un delito militar por insubordinación.

Esto supone que esta agente puede acabar en una prisión militar, como consecuencia de la desmedida aplicación del Código Penal Militar, un anacronismo sin sentido en tiempos de paz y en el desempeño de labores policiales.

Desde AUGC celebramos la iniciativa socialista, si bien no podemos sino mostrarnos escépticos ante la voluntad del Gobierno en funciones para afrontar esta carencia, que afecta a la seguridad de las trabajadoras del Cuerpo.

Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

 

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