Nuevo sistema de cálculo de la compensación por copia privada

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Las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto del asunto C-470/14 han sido presentadas hoy, en las que ha expuesto su postura acerca de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo español, en relación al nuevo sistema de compensación equitativa por copia privada implantado por el Real Decreto-ley 20/2011.

El establecimiento de límites y excepciones a los derechos de propiedad intelectual está sujeto a la instauración de una compensación equitativa en favor de los titulares de derechos. En el dictamen, el Abogado General destaca que la Directiva 2001/29 no hace mención alguna a las formas, métodos de cálculo o el sistema de financiación que los Estados deben implantar, ni tampoco quienes han de ser los deudores, sino que establece quienes han de ser los beneficiarios, por lo que se entiende que la Directiva no se opone a que la compensación equitativa por copia privada se financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Una decisión del TJUE en este sentido, supondría que el nuevo sistema español es conforme al derecho comunitario y por tanto, validaría el pago por copia privada con cargo a los PGE.

Ahora bien, el Real Decreto-Ley 20/2011 establece que la compensación en concepto de excepción de copia privada se calculará sobre la base de una estimación del perjuicio causado a los titulares de derechos, cuyo importe se determinará mediante Orden ministerial “dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio” lo que conlleva ostensiblemente la fijación ex ante de la cantidad del perjuicio causado, antes incluso de que éste se produzca, sin tener en cuenta la pérdida patrimonial efectivamente sufrida por los titulares. Es por ello, que en opinión del Abogado General, no es conforme a la Directiva que el importe de la compensación mencionada en él se fije dentro de los límites presupuestarios establecidos a priori para cada ejercicio, sin tener en cuenta para fijarlos, el importe del perjuicio que se estima que los titulares de los derechos han sufrido.

Tras este dictamen, el asunto pasa al TJUE, que resolverá el asunto mediante una sentencia definitiva. A pesar de no ser vinculante, la opinión del Abogado General suele incidir de manera transcendente sobre las resoluciones finales del TJUE, lo que obligaría al Gobierno español a replantear el cálculo de los importes debidos a los titulares de derechos y en consecuencia, muy probablemente a aumentar la asignación que viene siendo en los últimos años de 5 millones de euros.

FuenteCONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL presentadas el 19 de enero de 2016

 

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