Nicolás Maduro declaró el estado de emergencia económica en Venezuela y gobernará por decreto

Valencia Noticias | Agencias.- El Gobierno de Venezuela decretó ayer el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por un periodo 60 días, el máximo que permite la Constitución del país, según ha publicado el viernes la Gaceta Oficial, para ampliar los poderes del Ejecutivo con el fin de abordar la grave situación de desabastecimiento e inflación desbocada que sufre el país.

La adopción de esta medida de excepción, que se puede prorrogar por otros 60 días, coincide con la comparecencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional para dar cuenta de su gestión. Será la tercera vez que Maduro presente su informe anual desde que fue elegido presidente en abril de 2013, aunque en ninguna de las dos anteriores se había enfrentado a un Parlamento con mayoría de la oposición, que logró una amplia mayoría en las últimas elecciones legislativas.

Venezuela sufre una grave crisis económica, causada fundamentalmente por el desplome de los precios del petróleo.
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Venezuela sufre una grave crisis económica, causada fundamentalmente por el desplome de los precios del petróleo.

También ayer, el Banco Central de Venezuela ofreció los primeros datos de PIB y de inflación del país en más de un año: entre enero y septiembre de 2015, la economía experimentó una caída del 7,1%, mientras que los precios subieron un 108,7%.

Esta inflación de septiembre es la más alta de la historia en Venezuela ya que supera el máximo alcanzado en 1996 durante el mandato de Rafael Caldera, cuando se situó en el 103%. En términos interanuales (desde septiembre de 2014), el aumento del Índice de Precios al Consumidor (INPC) es mucho mayor, ya que alcanza el 141,5%.

El informe, que achaca el descenso del PIB a la caída del precio del petróleo, detalla también que Venezuela registra unas reservas internacionales de 16.275 millones de dólares al cierre de 2015.

Estos datos revelan la profundidad de la crisis económica de Venezuela, cuya consecuencia más visible es el desabastecimiento de los mercados y las limitaciones para acceder a bienes básicos. Así, el estado de emergencia económica permitirá ampliar las facultades del Ejecutivo, así como “la restricción temporal de las garantías constitucionales permitidas”, según recoge la Ley Órganica sobre los Estados de Excepción, que matiza, sin embargo, que esa restricción no puede afectar a derechos fundamentales.

Partidas extraordinarias y cobertura de necesidades básicas

En este sentido, el vicepresidente económico y ministro de Economía Productiva, Luis Salas, explicó en una comparecencia desde el Palacio Presidencial de Miraflores que se adopta esta medida “para proteger al pueblo en función de las amenazas existentes”. Así, el decreto le concede al Ejecutivo “atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que atraviesa la economía venezolana”.

Esa atribución se le concede para “asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales”, subrayó. Salas señaló que con el decreto se intentan “mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, del sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios así como contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros”.

El decreto faculta el Ejecutivo, según explicó Salas, para utilizar partidas que no gastaron en 2015; asignar recursos extraordinarios para bienes básicos como salud, educación, alimentos y vivienda; hacer modificaciones fiscales; y flexibilizar las compras del Estado, entre otras medidas. Asimismo, permite adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad”, para lo que se podrán “requerir los medios públicos, privados o de empresas mixtas” necesarios.

El decreto se remitirá a la Asamblea Nacional para “su consideración y aprobación” en los próximos ocho días, así como al Tribunal Supremo de Justicia “para que se pronuncie sobre su constitucionalidad”, también en los ocho días siguientes, según Salas.

La publicación de este decreto coincide con la presentación de la memoria de gestión anual del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, que por primera vez en 15 años cuenta con mayoría de la oposición, una sesión en la que se espera que el presidente aborde las medidas previstas para superar la crisis.

La Asamblea Nacional no tiene entre sus atribuciones aprobar o censurar el balance anual de la gestión, pero su nuevo presidente, el opositor Henry Ramos Allup, ha recordado que el discurso de Maduro será sometido a un debate parlamentario en el que se podrá “emitir un pronunciamiento político”. Además, los ministros deberán entregar a los diputados los informes de gestión de sus respectivas carteras, que si pueden ser reprobados por la cámara.

Una crisis provocada por el hundimiento del petróleo

Venezuela sufre una grave crisis económica, causada fundamentalmente por el desplome de los precios del petróleo, que supone casi el 95% de los ingresos del país.

La deficiencias del tejido productivo (Venezuela se ve obligada a importar la mayoría de los productos básicos que consume) y ese descenso brusco de los ingresos, que ha reducido los dólares disponibles para importar bienes, han provocado una escasez permanente en los mercados venezolanos: la gente solo puede comprar productos básicos, como el arroz o la harina, en días concretos y en cantidades limitadas.

Eso ha provocado el florecimiento de un enorme mercado negro, de dólares y de bienes, y una inflación disparada, hasta el punto que el Gobierno ha evitado durante meses publicar estadísticas oficiales sobre la evolución de los precios y el PIB. Este viernes, el Banco Central de Venezuela ha vuelto a dar esos datos, ya que hasta ahora había que guiarse por las estimaciones del Fondo Monetario Internacional; en este sentido, sus previsiones apuntan a que la inflación superará el 200% en 2016, el PIB caerá un 4% y el desempleo crecerá un 18,1%.

El chavismo ha achacado esa situación a lo que Maduro denomina la “guerra económica”, una supuesta conspiración de la oposición con ayuda de empresarios y de Estados Unidos para limitar los productos disponibles. Sin embargo, los controles de precios impuestos por el Gobierno no han logrado reconducir la situación y el presidente remodeló su gabinete la semana pasada, nombrando un nuevo viceministro de Economía.

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