Montón: ‘No vamos a permitir que personas en situación vulnerable se queden sin tener acceso al tratamiento que necesitan’

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La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, se ha reunido con el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), Luis Vañó, y el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de la Comunitat Valenciana (UDP-CV), José Sanchis. En el encuentro, la consellera les ha trasladado que las ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico de la Generalitat están plenamente vigentes y que se mantendrán en el futuro.

Además les ha trasladado que se está preparando un recurso de casación ante el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre las ayudas.

“No vamos a permitir que personas que no tengan recursos suficientes o que se encuentren en situación de vulnerabilidad se queden sin tener acceso al tratamiento que necesitan”, ha comentado la consellera.
Por su parte, Luis Vañó ha señalado que las ayudas frente a los copagos “son de una necesidad imperiosa en el colectivo de personas con discapacidad por la vulnerabilidad máxima que sufren respecto a la prestación farmacéutica y la adherencia a esta prestación”. El representante del Cermi ha destacado que, gracias a las ayudas,”hemos visto como personas con discapacidad han podido mantener la medicación frente a su pluripatología”.

Además, el representante de la UDP-CV, José Sanchis, ha subrayado que los pensionistas “son grandes consumidores de medicamentos y deberían tomarse medidas para que no salgan perjudicados” en su acceso a los fármacos prescritos por el servicio valenciano de salud.

Al encuentro han asistido también el secretario autonómico de la Conselleria, Narcís Vázquez, el subsecretario, Ricardo Campos, y la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz.

Núcleo central de la acción de Gobierno valenciano

Carmen Montón ha explicado que esta iniciativa, que se puso en marcha en el año 2016 para pensionistas con rentas bajas y personas con diversidad funcional y se ha extendido este año a menores asociados a la tarjeta sanitaria de progenitores con rentas bajas, forma parte del núcleo central de la acción de gobierno de la Generalitat.

“Al igual que la universalidad de la atención sanitaria, también recurrida por el Gobierno, las ayudas frente a los copagos forman parte de las medidas dirigidas a revertir los recortes de derechos sanitarios que se desarrollaron en las pasadas legislaturas”, ha recordado Carmen Montón. “Y son apuestas irrenunciables de este Gobierno”.

La consejera ha recordado que la Comunitat Valenciana se encontraba en el furgón de cola entre las autonomías en las que más ciudadanos admitían no poder pagar medicamentos por motivos económicos. Así lo refleja el Barómetro Sanitario del CIS de 2015, un informe en el que sólo Ceuta, Melilla y Canarias presentaban peores datos.

Más de un millón de personas beneficiadas

Gracias a la puesta en marcha de las ayudas, entre los mesos de enero y junio de este año, 1.080.124 personas se han beneficiado de los copagos en toda la Comunidad Valenciana. De ellos, 735.825 son pensionistas con renta baja, 237.912 son menores que viven en familias con rentas bajas y 106.387 son personas con diversidad funcional.
Por provincias, 564.548 son beneficiarios de las comarcas de Valencia, 381.272 de Alicante y 134.304 de Castellón.

Los datos de la Conselleria de Sanitat muestran que tras la puesta en marcha de las ayudas frente a los copagos ha descendido la tasa de abandono de medicamentos en la Comunitat Valenciana. El número de tratamientos abandonados ha descendido en el periodo de enero a junio de 2017 un 37,8% comparado con las mismas fechas de 2015, antes de que estuviera vigente la medida.

“No entiendo el interés del Gobierno central en perjudicar al millón de valencianos y valencianas que han dejado de pagar por sus medicamentos”, ha destacado la consellera.

Carmen Montón ha insistido en la derogación del Real Decreto 16/2012, la medida a través de la que el Gobierno central introdujo los copagos entre pensionistas o la exclusión sanitaria a migrantes en situación irregular.

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