Moncloa pide al alto tribunal anular la resolución y apercibir a los responsables contra Forcadell por el desafío independentista

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El Gobierno pide al Constitucional que abra la vía penal contra Carme Forcadell por el desafío independentista

Moncloa pide al alto tribunal anular la resolución y apercibir a los responsables contra Forcadell por el desafío independentista
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AGENCIAS 
El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que abra la vía penal contra la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer las sentencias del alto tribunal después de que el pasado miércoles Junts pel Sí (JxSí) y la CUP aprobaran las conclusiones del proceso constituyente, abriendo una vía unilateral a la independencia, en la Cámara autonómica.

Con este fin, la Abogacía del Estado ha registrado este mismo viernes el “incidente de ejecución” ante el Constitucional, que se reunirá este lunes 1 de agosto para decidir qué medidas adopta para garantizar el cumplimiento de la sentencia que el pasado mes de diciembre declaró inconstitucional y nulo el denominado “proceso de desconexión” iniciado por el Parlament.

Además de pedir la nulidad de la resolución aprobada el pasado miércoles, el Gobierno pide al TC que advierta a los responsables de la Mesa del Parlament, al presidente catalán, Carles Puigdemont, y al resto de los miembros del Govern de que se abstengan de realizar actos que vayan en contra de la ley, ha precisado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros.

Solicita también el Ejecutivo en funciones que se les advierta de que el incumplimiento del mandato del Constitucional puede llevar aparejadas sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, la suspensión de funciones por tiempo indeterminado o incluso la apertura de la vía penal.

Según la número dos del Ejecutivo en funciones, Forcadell ha podido incurrir en un delito al dar trámite a la orden del día para aprobar las conclusiones del proceso soberanista.

La vicepresidenta ha precisado que la petición del Gobierno al alto tribunal consiste en que proceda a “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta del Parlament de Cataluña por incumplir la sentencia” del 2 de diciembre de 2015 del alto tribunal, es decir, que remita a la Fiscalía las actuaciones para que actúe.

Sáenz de Santamaría: “No es solo un desafío institucional, es un desacato”

En dicha sentencia, el TC anuló el llamado proceso de desconexión de Cataluña. Además de esa sentencia, la vicepresidenta ha recordado que la resolución del Parlament aprobada el pasado día 27 vulnera el auto del 19 de julio de este año, en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlament de Cataluña, de su deber de impedir paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC. 

“No es solo un desafío institucional, es un desacato al Tribunal Constitucional”. “Dijimos que no íbamos a dejar pasar ni una  y no vamos a dejar pasar ni una”, ha advertido la vicepresidenta.

Otra de las peticiones contenidas en el incidente de ejecución es la “prohibición expresa” de convocar aquellos órganos del Parlament con la finalidad de debatir y votar iniciativas que conlleven el incumplimiento de las sentencias del TC.

Esta es la respuesta del Gobierno a la aprobación el pasado miércoles de las conclusiones del dictamen por el que se abre la vía unilateral hacia la independencia de Cataluña.

La resolución “incumple claramente el orden constitucional”, ha afirmado la vicepresidenta, así como “una vulneración flagrante del Estado de derecho“. A su juicio, además, la decisión del Parlament significa que se coloca “a una institución por encima de la voluntad democrática” de la nación española, que está situada en la Constitución y en su “máximo intérprete”, que es el Tribunal Constitucional.

“No estamos dejando pasar ni una”

Preguntada por si habrá más medidas, la vicepresidenta ha insistido en que defenderá los derechos de los españoles, la legalidad y la igualdad con “solo el Estado de derecho pero con todo el Estado de derecho”, lo que procuran hacer “con proporcionalidad y racionalidad”.

Ha insistido en que lo que han hecho es “la vía razonable y proporcional” y ha recordado que ya dijeron que no iban a dejar “pasar ni una y no estamos dejando pasar ni una”, ya que la decisión del Parlament se tomó el miércoles y este viernes ya está presentado el incidente ante el TC.

Respecto a que no se pidan responsabilidades penales al resto de los asistentes al Pleno, Sáenz de Santamaría ha dicho que Forcadell “lidera la institución”, además de vulnerar la decisiones del TC, mientras que al resto de miembros de la Mesa, “hayan o no secundado la decisión anterior”, como al secretario general o los miembros del Gobierno se les advierte de que no hagan nada que pueda suponer un incumplimiento de los previsto por el alto tribunal.

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