Miguel Soler: “Los centros concertados que cumplan con sus obligaciones no tendrán ningún problema con este gobierno”

El secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, Miguel Soler, ha manifestado que los centros educativos concertados “que cumplan con sus obligaciones no tendrán ningún problema con este gobierno”.

El representante de la Conselleria de Educación se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntado por las críticas de algunas entidades a la política educativa del Ejecutivo autonómica por considerar que “ataca” a la “libertad de elección de centros” y a la red privada concertada.

Al respecto, Soler ha comentado que ha visto “ese titular” pero aún no ha escuchado “ninguna concreción” y ha lamentado que “se lancen mensajes a la población que no responden a lo que hoy está pasando”.

En este sentido, ha defendido algunas de las medidas aplicadas por el departamento que dirige Vicent Marzà y que han sido puestas en tela de juicio por organizaciones y plataformas como la recientemente creada Mesa por la Educación en Libertad.

En concreto, se ha referido al arreglo escolar que la Conselleria prepara para el próximo curso y que se basa en un estudio “municipio a municipio”, sobre todo de la población escolar de 3 años, que tiene en cuenta “al mismo tiempo la pública y la concertada porque, si el servicio publico de educación que pagamos entre todos se ofrece en las dos redes, los criterios se han de aplicar conjuntamente”.

Una de las cuestiones que se persigue para el próximo curso escolar es lograr la “escolarización equilibrada del alumnado con dificultad de aprendizaje” y para ello hay que prever que “todos los centros tengan vacantes” para acoger a niños de estas características. En este punto, el secretario autonómico ha remarcado que todos los centros concertados dispondrán, “si tienen el mismo tipo de alumnado que la pública, los mismos recursos”.

“Hay centros concertados que tienen recursos inferiores a los que necesitan si hay un colegio de este tipo que necesita tener un profesor de Pedagogía Terapéutica y no lo tiene, pues tiene razón” en demandarlo, ha reconocido.

INSPECCIÓN CONTRA “INCUMPLIMIENTOS FLAGRANTES”

Sobre la regulación por primera vez en el decreto de admisión de la prohibición de que la concertada pida pagos a las familias, Soler ha comentado que se vigilará que no haya infracciones y, en el caso de que se considere que se produce algún “incumplimiento flagrante de la
norma, se actuará desde la Inspección Educativa”.

Respecto a los conciertos, ha aludido específicamente al Bachillerato al recordar que la Valenciana es “la única comunidad junto a Madrid donde el PP decidió, de manera unilateral, concertar” toda esa etapa.

Y ha señalado: “Nosotros no vamos a ‘desconcertarlo’ todo, pero no es una etapa de enseñanza obligatoria, por lo que no hay obligación de concertar en absoluto. Miraremos los casos en los que es necesario porque no haya plazas (públicas) suficientes”.

“MÁS NECESIDAD” EN LA FP

Caso diferente, ha matizado, es el de la Formación Profesional (FP), también postobligatoria, pero donde la Conselleria no actuará de la misma forma porque “hace falta incrementar la oferta, sobre todo en determinadas especialidades”. Por tanto, “la FP concertada tendrá un tratamiento diferente al de Bachillerato concertado porque hay más necesidad”, ha aseverado.

En cuanto a las líneas que seguirá la planificación del próximo curso escolar, Soler ha recordado que se va a bajar la ratio máxima, que en el caso de infantil se fija en los 25 niños por aula. Además, se ha introducido la posibilidad de que en algún municipio pueda ser incluso menor con carácter general.

Igualmente, ha afirmado que el número de unidades del arreglo 2016-2017 subirá con un saldo “clarísimamente positivo”. Aquí ha subrayado que la Conselleria “no tiene ninguna idea apriorística de cerrar aulas”.

“Pensamos, al contrario, que se han cerrado demasiadas en estos años, incluso sin justificación, porque si el Consell del PP anunció la subida de las ratios como una medida provisional por la crisis, eso no se puede convertir en una reducción de aulas, porque eso es estructural”.

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