María José Salvador marca como prioridad la ‘adecuación del parque público de vivienda ‘

La consellera María José Salvador marca como prioridad la adecuación y dignificación del parque público de vivienda y los entornos urbanos

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha comparecido hoy para explicar las líneas principales de actuación de su departamento a lo largo de la legislatura. En este sentido, en líneas generales ha señalado que su conselleria trabajará por “garantizar el derecho a la vivienda y contribuir a relanzar la economía valenciana a través de la rehabilitación como nuevo modelo de crecimiento”; además, también tiene previsto aplicar una “ambiciosa política en materia de ordenación del territorio” porque el objetivo es ser “modélicos, sostenibles y disciplinados con nuestra tierra, poniendo en valor la huerta y también el litoral”. Por último ha apuntado que en cuanto a infraestructuras y obras públicas su principal prioridad será la movilidad, la accesibilidad y la seguridad viaria.

De esta manera, al inicio de su intervención ha recordado que el president marcó en su discurso de investidura dos objetivos: “recuperar la dignidad de las instituciones y trabajar para solucionar los problemas de las personas”. Así, desde su departamento, Salvador ha señalado que se ha contribuido a “reparar moralmente pidiendo perdón a las víctimas del metro” y también se han tomado medidas importantes como la firma de un Calendario de Pagos para saldar la deuda que tenía la anterior administración con los afectados por las ayudas de vivienda. “Las personas por encima de todo”, ha indicado antes de recordar que el objetivo fijado es que “a mediados de 2016 estén pagadas todas las ayudas pendientes así como la deuda de las famosas resoluciones 501”. Así, se pagarán más de 130 millones pendientes, “un problema que generó el Consell del PP y que ha afectado a más de 50.000 familias durante mucho tiempo”.

En cuanto a la política de vivienda, la consellera ha destacado que tendrá dos vertientes, por un lado, social y, por otra, económica. En este punto, ha recordado que “no es posible que la Comunitat sea la segunda autonomía de toda España con más número de desahucios” y ha reiterado que “este drama social es público, no se trata de un problema entre el banco y la administración”. Sin embargo, ha recordado que el “combate legislativo contra los desahucios” reside en el ámbito estatal, por ello, ha asegurado que desde la conselleria exigen al Gobierno de Rajoy un cambio normativo para que apruebe una Ley de Segunda Oportunidad. No obstante, ha apuntado que, la administración autonómica “no se quedará de brazos cruzados” y ha anunciado que se está trabajando en el proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda para crear un marco legislativo donde se reconozca el derecho subjetivo a la vivienda porque el Consell quiere ser “vanguardia en este camino”. Además, también se están manteniendo contactos con los bancos y con los ayuntamientos para crear un Registro de Viviendas sin Ocupar en la Comunitat y buscar una solución y alternativas ante los desahucios.

Por lo que se refiere a la vertiente económica que se derivará de la política de vivienda, Salvador ha advertido de que en “estos últimos 20 años de gobiernos del PP se ha dejado la política de vivienda en manos de los mercados, mientras que la administración y el parque público de viviendas quedaba en un lugar residual”. Por ello, ha anunciado que es el momento de “estimular la economía mediante la rehabilitación y actuando directamente sobre la ciudad consolidada para hacer más accesibles las viviendas”. Por tanto, ha marcado como prioridad la “adecuación y la dignificación del parque público de vivienda, completamente deteriorado después de 20 años de gobierno del PP” – casi 700 viviendas no se pueden poner a disposición de los ciudadanos porque están en un estado de completo abandono. Es más, ha apostado también por “dignificar no solo los edificios y las condiciones de las viviendas sino también los entornos urbanos”.

Para Salvador, la rehabilitación se presenta como “uno de los factores fundamentales de la nueva política del Consell lo que permitirá también revitalizar el sistema productivo y económico porque puede dar una segunda oportunidad para el sector de la construcción mediante el impulso de la formación y porque moviliza muchos puestos de trabajo, tres nuevos trabajos por cada uno que genera la obra nueva”. Para ello, se creará una Mesa por la Rehabilitación y la Construcción Sostenible en la que participarán ayuntamientos y todos los agentes implicados”. También se reorientará el Instituto Valenciano de la Edificación. Además, ha puesto especial énfasis a la consecución de fondos europeos tanto para rehabilitación energética como para el desarrollo urbanístico sostenible, ya que, el anterior gobierno no optó a estos fondos al no consignar ninguna partida en los presupuestos.

Reorientación de la política de infraestructura, logística y transporte

En el segundo bloque de su discurso, la consellera se ha centrado la línea de actuación que marcará su política de infraestructuras. Para Salvador, “no se tienen que ver como un fin sino como un medio que ponga en relación los servicios: conectividad y movilidad equilibrando las diferentes modalidades de transporte”. Por tanto, ha planteado una reorientación de la política tanto de infraestructuras, como de logística y transporte. De este modo, ha lamentado la “falta de planificación territorial de los anteriores gobiernos del PP que han priorizado el vehículo privado y han dado un papel secundario al transporte público y la movilidad”.

Ante esto, ha puesto ejemplos de malas conexiones y planificación como la Nueva Fe que se inauguró sin una buena comunicación en transporte público, o las obras inacabadas de la línea de metro T2 de Valencia que han costado 192 millones de euros con una estación soterrada en el Mercado Central sin ningún tipo de conexión. Igual que “los millones de euros enterrados en el TRAM de la Serra Grossa o la nefasta gestión que no ha permitido que el TRAM de Castelló esté conectado con los principales pueblos de la Plana. En este sentido, ha apostado por mejorar las conexiones de transporte público de autobús, sobre todo en aquellos pueblos pequeños y de interior, adoptando fórmulas como compartir el transporte escolar. De hecho, ha recordado que el transporte interurbano por carretera se presta mediante concesiones que están caducadas y que siguen funcionando mediante prórrogas con patrones de servicio de hace décadas.

Entre las medidas más destacadas está la de poner en marcha una Ley de Seguridad del Transporte Ferroviario porque la Comunitat “que ha sufrido la mayor tragedia de metro en España tiene que ser referente y tener las normas más exigentes en el ámbito europeo”. Además, también se plantea la creación de un Nuevo Modelo de Transporte y Movilidad que mejore el transporte en áreas urbanas y metropolitanas de Castelló, Valencia y Alicante, y ha apostado por “hacer servir directrices de movilidad y manuales de buenas prácticas para elaborar Planes de Movilidad Sostenible en las áreas metropolitanas, urbanas y municipios de más población”. También ha destacado que entre las prioridades está “actualizar la normativa en materia de accesibilidad a los transportes públicos para las personas con movilidad reducida”. Por último, ha añadido que priorizará el mantenimiento de la red de carreteras y la seguridad vial a través de un Plan Director de Seguridad Viaria de la Comunitat.

Reivindicaciones al Estado

Por lo que respecta a las obras dependientes del Estado, la consellera ha asegurado que el Corredor Mediterráneo es “irreemplazable e irrenunciable” porque “supone mayores competitividad para nuestras empresas, ahorro en el gasto de las exportaciones y una conexión con el corazón de Europa que creará puestos de trabajo para los valencianos”. “Cada día que pasa sin esta infraestructura básica perdemos competitividad” ha añadido antes recordar que en el nuevo clima de “entendimiento con las comunidades vecinas, el Gobierno de Aragón ha dado un paso histórico dando apoyo al corredor mediterráneo”, en referencia a la reunión que tuvo con el consejero de Aragón.

Así, ha señalado que desde la Comunitat “queremos un corredor mediterráneo en su diseño actual que acabe con los cuellos de botella” y ha añadido que la conexión entre Castelló, Valencia y Alicante en ancho ferroviario estándar y en alta velocidad es “imprescindible para conseguir una mayor vertebración económica y social”. De hecho, ha asegurado que la conexión en menos de una hora entre Alicante y Valencia permite formar un único polo empresarial e industrial, formando un área de cuatro millones de personas parecida a Barcelona y Madrid.

Ante esto, ha insistido en que “reivindicaremos al Estado las inversiones necesarias y que corresponden a la Comunitat Valenciana” y, en este punto, ha anunciado que pedirá a las Cortes concertar un Plan de Inversiones del Estado para la Comunitat que acabe con “el olvido de estos años”. Así, ha destacado que propondrán un Programa Concertado entre el Estado y la Generalitat para las Cercanías y Media Distancia que incluya la prolongación de las cercanías y la mejora de los servicios de Castelló a Benicàssim y hasta Vinarós, o de Alicante a Elda y Villena, el Tren de la Costa y el de Xàtiva-Alcoy. Así como la liberalización de la AP-7 y un plan de Actuaciones en previsión de las necesidades que generará el nuevo régimen de la autopista. Además, de una mejora de las inversiones en la seguridad vial sobre todo en las carreteras de mayor siniestralidad como la N-332 y la N-340.

Vertebración del Territorio

En cuanto a urbanismo, la consellera María José Salvador ha recordado la “deliberada ausencia de ordenación y planificación” durante 20 años de gobiernos del PP para “tener las manos libres y así poder discrecionalmente aprobar reclasificaciones de suelo y planes generales pensados para favorecer determinados intereses económicos y menospreciando los valores ambientales, del paisaje y los recursos hídricos”. A su juicio, “se ha puesto el territorio al servicio del beneficio rápido y especulativo en detrimento del crecimiento económico y sostenible”. Ante esto, ha criticado que no se ha aprobado ningún Plan de Acción Territorial Integrado Supramunicipal para coordinar el planeamiento y controlar los nuevos crecimientos del territorio.

Así, entre las principales propuestas de este bloque, la consellera ha destacado la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión territorial de la Comunitat “a medida de las personas y basado en la concertación de fuerzas políticas y sociales que supere el planeamiento puramente local”. Entre los objetivos está la creación de una Estrategia Territorial de la Comunitat que tenga un valor normativo vinculante, además, también se aprobará el Patricova para impedir que se urbanice y edifique en suelos inundables. Entre los planes que se redactarán y aprobarán está el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Infraestructura Verde y el Paisaje; el Plan de Acción Territorial de Ordenación del Litoral para preservar zonas con mayor valor ambiental o el Plan de Acción Territorial de l’Horta “abandonado y aparcado deliberadamente por el anterior gobierno a favor de un crecimiento especulativo y desmesurado” y, para ello, se propone un “gran pacto social entre todos los agentes involucrados”. Por último, ha anunciado que se propondrá a Les Corts una modificación de la actual LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje) que incluirá cambios que requiere el Ministerio de Administraciones Públicas o la regulación de las ATEs y el papel de los ayuntamientos que han quedado excluidos.

Por último, en su intervención final la consellera ha asegurado que “el horizonte de este gobierno no es que el EIGE, que se tiene que dedicar a política de vivienda pague 100 millones de euros por la Fórmula 1, ese gran evento que no nos iba a costar ni un euro a los valencianos”. Así, ha lamentado que “mientras se gastaban este dinero en la F1 dejaban de invertir en vivienda” y ha desvelado que “para realizar las actuaciones pendientes para poner en condiciones dignas las viviendas, para reformar el parque público, se necesitarían 99 millones de euros mientras el EIGE tiene que pagar 100 para la F1, por los caprichos del PP”. Por ello, ha lamentado que “mientras hay gente que vive en las viviendas del parque público con el techo de su habitación apuntalado”

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