Los sindicatos denuncian irregularidades por importe de 22 millones en las ayudas a formación para jóvenes

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AGENCIAS 
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han detectado irregularidades, por importe de 22 millones de euros, en las propuestas presentadas por medio centenar de centros que aspiran a las ayudas de 2015 del Servicio Estatal de Empleo Publico (SEPE) para actividades formativas destinadas a menores de 30 años.

Así se desprende de un informe elaborado por CCOO, con el dictamen jurídico de UGT, que afirma que de los 40 millones que contiene la convocatoria estatal de formación para jóvenes de este año, en más del 50% (22 millones) se observan “subterfugios fraudulentos“.

Entre las irregularidades, cursos con 149 docentes para 15 participantes, 33 cursos de idiomas individuales o uno de inglés que, sin embargo, suma 223 concurrentes. A modo de ejemplo, los sindicatos han citado el caso de una empresa que va a formar a un único trabajador en dos comunidades que distan entre sí 600 kilómetros.

La nueva Fundación Estatal para la Formación (antigua Tripartita), que lleva a cabo la evaluación técnica de los proyectos que después serán aprobados por el SEPE y que preside el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha dicho a Efe que el trabajo técnico de esta institución es “objetivo, automático e incuestionable”.

Ha añadido que las propuestas se han evaluado conforme a los criterios establecidos en la convocatoria que se publicó en el BOE, “bajo los principios de concurrencia y transparencia”, y que fue aprobada por la mayoría del patronato de la Fundación. No obstante, los sindicatos han recordado que, en su día, se opusieron a estos criterios y votaron en contra.

Riesgo ha recordado que está abierta la fase de alegaciones y, “si algún participante considera que hay irregularidades, lo que debe hacer es alegar y el instructor que es la Fundación Tripartita, no el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) ni el Ministerio, resolverá”.

La norma no establece un mínimo de participantes

Aunque algunas de las irregularidades detectadas por los sindicatos no contravienen la ley, -es el caso de los cursos unipersonales, ya que la norma no establece un mínimo de participantes por acción formativa-, tanto CC.OO. como UGT entienden que hay anomalías que requieren una revisión de los expedientes.

Según el informe de los sindicatos, 11 expedientes que requieren ayudas públicas por valor de 4,2 millones de euros corresponden a siete centros que solicitan cursos de formación para un alumno o tres profesores para un curso de 600 horas con un único participante.

El resto de peticiones, más de medio centenar de diferentes centros y por valor de unos 18 millones, se refieren a cursos formativos para cinco alumnos o menos, proyectos con más docentes que participantes, alumnos con tres formadores o 149 tutores para una quincena de alumnos.

UGT y CC.OO. exigen la paralización de la convocatoria anual

También abundan los proyectos dirigidos a varias comunidades autónomas, dado que la convocatoria puntúa que se cubran necesidades formativas en zonas que, de otra forma, tendrían una deficiente cobertura.

Por ello, y dado que la reciente reforma del modelo de formación reforzaba la transparencia y la capacidad sancionadora y creaba una Unidad Especial de Inspección para evitar el fraude de los cursos, UGT y CC.OO. han exigido la paralización de la convocatoria anual de los cursos para jóvenes. En caso de que el SEPE no atienda este requerimiento, ambos sindicatos han advertido de que iniciarán acciones legales.

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