Los padres preadoptivos del niño acogido en Valencia recurrirán ante el Constitucional el fallo del Supremo

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ACORDÓ no admitir a trámite los recursos presentados por la Fiscalía, la Consejería de Servicios Sociales de Asturias y los padres preadoptivos del niño de 4 años, Alberto Bordes Folgado y Noelia Asunción Estornell, que fue entregado a a su madre biológica, María José Abeng, en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Provincial del Principado.

La resolución del Supremo, que no entra en el fondo del asunto, responde a una cuestión formal, ya que contra este tipo de decisiones -un incidente procesal en relación a la necesidad de asentimiento en la adopción-, no cabe recurso ante el alto tribunal.

La decisión tiene como consecuencia que la sentencia de la Audiencia de Asturias deviene en firme, por lo que se quedará definitivamente con su madre biológica si esta, como parece, no tiene intención de seguir adelante con la adopción de su hijo por parte de la pareja de Sueca,  Valencia.

 

La familia acogedora del niño de 4 años que el pasado 12 de septiembre fue entregado a su madre biológica presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra el fallo del Tribunal Supremo, ante la, a su juicio, “falta de implicación” de este órgano para “proteger el interés de menor”.

Un auto del Tribunal Supremo considera “modélica y ejemplar” la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias en la que determinó que Juan Francisco, el niño de Sueca (Valencia), fuese entregado a su madre biológica por su familiar de acogida.

El abogado de la familia, Enrique Vila, asegura en un comunicado que han tomado la decisión de recurrir ante la “falta de implicación del Tribunal Supremo en proteger el interés del menor, ya que se inadmitió el recurso de casación, sin entrar a valorar el fondo del asunto”.

Afirma que la demanda de amparo constitucional “se plantea no como un ataque a la madre biológica, sino como una crítica contundente a la actitud del Tribunal Supremo, que se ha lavado las manos en un asunto en el que está en juego los derechos del niño”.

Revisar el actual sistema de protección de menores

Además, señala que el recurso de amparo busca que el Tribunal Constitucional “revise el actual sistema de protección de menores”, que los recurrentes califican de “nefasto” y aseguran que ha causado “dolor y perjudicado a todas las partes implicadas”.

Vila explica que ante el Constitucional insistirán en que los magistrados del Supremo “han colocado a todas las partes en indefensión, incluyendo a la madre biológica y al menor”, y en que el propio fiscal de la Sala del Supremo “emitió un contundente informe jurídico en el que exigía que el recurso se hubiera admitido”.

El abogado de la familia valenciana insiste en que el Tribunal Supremo no ha entrado “en el fondo de una cuestión relativa al derecho de los menores”.

A su juicio, esta cuestión es de “gran trascendencia social y está afectando a miles de familias en toda España, afectadas por el mal funcionamiento de una Ley de Protección de la Infancia ineficaz, y de unos Servicios Sociales que en la mayoría de casos solo producen daño a todas las partes”.

El abogado considera que los magistrados del Supremo “deberían haber resuelto sobre el fondo de la cuestión debatida, y no lavarse las manos como han hecho en su auto” y añade que si el Supremo hubiera decidido que el menor debía ser adoptado, “en la actualidad el niño estaría en una situación irregular al lado de su familia biológica”.

“Si por el contrario hubiera decidido que el menor debía permanecer con su familia biológica, de forma inmediata habría que haber actuado contra la administración, que fue capaz de retirar a un menor de forma injusta y engañar a los acogedores diciéndoles que el menor iba a ser adoptado con total seguridad”, añade.

Según Vila, “jamás debería entregarse un niño en acogimiento preadoptivo, engañando a los acogedores con una futura adopción, mientras la familia biológica esté ejerciendo en los juzgados su derecho legítimo a recuperarlo.

Por ello, considera “inadmisible” que el Supremo “haya ignorado el interés superior de protección, que no es otro que el de Juan Francisco, sin importarle debatir el fondo de un asunto tan grave para el futuro del niño” y haya “mirado hacia otro lado respecto al problema tan actual como es el del irregular funcionamiento del Sistema de Protección de Menores vigente en España”.

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