La UFP llevará al Comité de Peticiones de la UE la denuncia por un presunto caso de acoso laboral a dos mujeres en el Complejo de Zapadores

La Unión Federal de Policía de la Comunidad Valenciana (UFP), el sindicato mayoritario en la Comunidad Valenciana y uno de los más numerosos de España, elevará al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la denuncia presentada en relación a dos presuntos casos de acoso laboral cometido contra las únicas dos mujeres de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del Complejo Policial de Zapadores.

Así lo ha anunciado hoy el secretario general de la UFP en la Comunidad Valenciana, Luis Castillejo, tras reunirse con la Directora General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, Anais Menguzzato.

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De esta manera, la UFP pretende “elevar la voz” y realizar un llamamiento al Parlamento Europeo para que tome posición ante un asunto “tan sensible como este” con el fin de llamar su atención y denunciar la posible vulneración de los derechos de los ciudadanos cometida en el complejo de Valencia.

De esta manera, Castillejo ha explicado que la denuncia narra unos hechos “impensables en la sociedad del siglo XXI” ocurridos entre 2014 y 2015, cuando las dos mujeres formaban parte de la UPR, periodo durante el cual manifiestan haber sufrido trato discriminatorio y vejatorio en su puesto de trabajo de forma reiterada sin justificación y motivación alguna y derivados de su condición de mujer, según consta en el escrito.

Por este motivo, el sindicato ha adelantado que realizará todas las acciones necesarias y agotará todas las vías legales posibles para defender la integridad de las dos mujeres por unos hechos que han contribuido a la presentación de una denuncia por acoso laboral, trato discriminatorio, prevaricación y falsedad documental contra tres mandos y dos policías del Complejo de Zapadores.

La denuncia recoge que una de las dos funcionarias comenzó a sufrir discriminaciones por su condición de madre ya que, según se recoge en el escrito, una vez se quedó embarazada y pidió ser retirada temporalmente de las calles se le comunicó que a su regreso debería solicitar un cambio de destino ya que con dos hijos no podría mantener el nivel de servicio dentro de la unidad. A su vuelta, se añade en el citado texto, fue trasladada a una unidad distinta.

Asimismo, según consta en el documento presentado ante el juzgado, las dos funcionarias han denunciado que durante todo este tiempo han sufrido presuntos comentarios machistas de su superior, han visto denegados en numerosas ocasiones sus peticiones de asuntos propios y condicionados sus permisos de vacaciones, han sufrido situaciones humillantes e incluso persecuciones y seguimiento por parte de los compañeros de su unidad.

Los hechos que se denuncian son constitutivos de un delito de acoso laboral penado en el artículo 173.1.2 del Código Penal, de un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del CP y de un delito de falsedad de documento público penado en el artículo 390.1.4.


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