La sentencia del TSJ refuerza la labor del Consell de depuración de los abusos del pasado en el sector público y de aprobación de unas plantillas regularizadas

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana “refuerza la línea de trabajo del Consell para depurar los abusos del pasado en el sector público y aprobar unas relaciones de puestos de trabajo regularizadas y homogéneas, de forma que una misma plaza tenga una remuneración equivalente con independencia del organismo al que esté adscrita, y se ponga fin a la situación heredada en la Administración después de 20 años de gestión anterior”

Así se ha pronunciado la directora general de Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, Empar Martínez Bonafé, que ha señalado al respecto que “hubiera sido bueno para la democracia valenciana que esto hubiera pasado hace 15 años. Estamos llevando a cabo un trabajo arduo y minucioso para desenredar la maraña de situaciones laborales y organizativas que había en el sector público y reestructurar las plantillas, algo que no se había hecho nunca en la historia de la Generalitat”.

“El anterior Consell estuvo gobernando 20 años y en este tiempo únicamente publicó una relación de puestos de trabajo, el Instituto Valenciano de Finanzas. El actual Ejecutivo ha logrado que todas las empresas públicas hayan presentado ya sus propuestas de relación de puestos de trabajo, que han sido informadas por Sector Público y ahora están en proceso de revisión”.

“Desde que en 2011 se estableció por ley la obligación de publicar las relaciones de puestos de trabajo, el anterior Consell trató de eludirla y pidió que se prorrogara esta obligación hasta en tres ocasiones. Nosotros, en cambio, en cuanto llegamos nos pusimos a trabajar, de forma que hemos publicado ya las retribuciones correspondientes a 2015 del personal que trabaja en empresas públicas y estamos ahora en pleno proceso de trabajo para publicar las relaciones de puestos de trabajo”, ha señalado la directora general del Sector Público. Martínez ha recordado que, durante los gobiernos anteriores ,”el sector público se configuró sin duda como el área más opaca de toda la Generalitat, para colocar a personal a dedo, centrifugar deuda o eludir los controles y las leyes de contratación”.

Derechos consolidados

Empar Martínez Bonafé ha explicado que las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. En este sentido, la jurisprudencia en el tema establece que las relaciones de puestos de trabajo deben conceptuarse “a todos los efectos” como actos administrativos.

“Esto significa que la publicación de una relación de puestos de trabajo supone en realidad una aprobación y, por tanto, en la práctica podría darse a entender la consolidación de unos derechos, de ahí el interés y el esfuerzo que está dedicando el Consell a esta labor. No podemos apresurarnos en un tema tan delicado”, ha indicado la directora general del Sector Público.

Una reestructuración “fallida”

La responsable de Sector Público ha explicado la situación con la que se encontraron a su llegada al Consell. “La reestructuración llevada a cabo por el anterior Ejecutivo resultó fallida, ya que se limitó a fusionar empresas sin modificar la estructura de las mismas ni abordar los problemas de fondo, con lo que ahora nos encontramos con entidades en las que conviven hasta cinco convenios colectivos diferentes y con trabajadores que realizan tareas similares pero ostentan categorías laborales diferentes. Todo eso hay que clarificarlo y homogeneizarlo para plasmarlo en las relaciones de puestos de trabajo para el futuro, que tienen que tener vocación de continuidad y con las que se regularizarán los abusos y desmanes del pasado”.

“El resultado de la mala gestión del anterior Consell ha sido que en la plantilla del sector público conviven en la actualidad más de cien situaciones retributivas diferentes, y todo ello en unas empresas en las que muchas veces no existe ni un departamento de recursos humanos, lo que dificulta aún más la solución del problema”, ha indicado la directora general del sector público.

“Sin control”

“En la anterior etapa, cada empresa pública actuaba por libre y sus actuaciones no se ajustaban a los límites establecidos por los informes de masa salarial. Por eso hemos tenido que hacer el trabajo desde cero, porque no había de donde partir. Ahora estamos analizando e identificando los problemas y, de forma coordinada con la dirección general de Presupuestos, estamos además obligando a las empresas públicas a ajustarse al límite marcado por la masa salarial”.

“Nunca ha habido tanta transparencia en el sector público de la Generalitat como ahora. Estamos haciendo un diagnóstico real de los problemas y trabajando con todas las partes implicadas, también con los sindicatos, para que las soluciones no queden en papel mojado”, ha añadido Empar Martínez Bonafé. “Necesitamos ese diagnóstico acertado para elaborar la futura ley del Sector Público, con la que se reseteará definitivamente este ámbito de la Administración y se acabará con las zonas opacas y las prácticas del pasado”.

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