La Policía Nacional desarticula una organización dedicada al tráfico ilícito de personas entre Marruecos y España

policia-nacional-recursoEn la operación han sido detenidos 15 personas

Las personas introducidas irregularmente en nuestro país eran retenidas en “pisos patera” hasta el pago de la deuda contraída por parte de sus familias, que ascendía a 6.000 euros

Además, los arrestados se dedicaban a concertar matrimonios de convivencia por los que cobraban 10.000 euros a cambio de los tramites y documentos falsos necesarios para los enlaces

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a introducir ilegalmente en España a ciudadanos marroquíes. Las personas introducidas de forma irregular eran retenidas en “pisos patera” hasta que sus familiares hicieran efectivo el pago de la deuda contraída con la organización. Ofrecían cruzar la frontera de manera irregular a cambio de 6.000 euros, acordando que el pago se haría efectivo cuando la víctima estuviera en territorio español. También se dedicaban a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos ilegales marroquíes y ciudadanas españolas con la consiguiente falsificación de documentos para regularizar su situación. Han sido detenidas 15 personas, siendo cuatro de ellos los responsables de la organización.

Las investigaciones se iniciaron cuando una de las personas retenidas consiguió escapar y declaró que fue captado en la ciudad marroquí de Tánger por otro compatriota, el cual le ofreció cruzar la frontera de manera irregular en dirección a España a cambio de 6.000 euros, acordando que se haría efectivo el pago cuando la víctima estuviera en territorio español. Para poder cruzar la frontera sin ser descubierto lo introdujeron oculto en un camión en el Puerto de Tánger con destino Algeciras (Cádiz). Una vez en la península lo trasladaron a un piso de la provincia de Córdoba, en el que se encontraban retenidos otros compatriotas.

En ese domicilio estuvo encerrado en una habitación, durmiendo en un colchón en el suelo y siendo escasamente alimentado por los captores; exigiéndole además de los 6.000 euros (que los hizo efectivos su familia en Marruecos a su llegada a España), 5.000 euros más de lo pactado. Durante el tiempo que estuvo en el piso fue agredido continuamente con golpes en todo el cuerpo, cortes de cuchillo en las manos y con amenazas de muerte si no accedía a las pretensiones de su captores. Estos continuaban llamando a su familia para que realizaran el segundo pago exigido, amenazando con matarle si no satisfacían esa cantidad.

En el transcurso de las investigaciones policiales se consiguió identificar a uno de los individuos que presuntamente había participado en tales hechos delictivos, asimismo se averiguó que junto con otros individuos de la red organizada, estaban realizando los preparativos para traer a otras dos personas de forma irregular a nuestro país a cambio de una importante cantidad económica.

Matrimonios de conveniencia

Además, fueron identificados otros miembros de la red, dedicados a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos marroquíes que se encontraban fuera de España y mujeres españolas, con el fin de poder regular su situación ilegal en nuestro país y conseguir la correspondiente autorización de residencia. Para ello, los detenidos cobraban unos 10.000 euros aproximadamente por matrimonio realizado.

Para poder llevar a cabo esta actividad delictiva falsificaban documentos tales como certificados de parejas de hecho, certificados de empadronamiento, así como altas fraudulentas en empresas ficticias creadas por los detenidos. Con esos mismos contratos ficticios intentaban conseguir también prestaciones públicas por desempleo y subvenciones irregulares.

Una vez identificados todos los integrantes del grupo, los agentes detuvieron en Córdoba a un total de 15 personas, entre los que se encontraban los tres responsables de la organización. Asimismo se realizaron tres registros en diferentes puntos de la provincia en los que se intervino una gran cantidad de documentación relacionada con las falsedades documentales tales como altas en empresas ficticias, contratos de trabajo, certificados de empadronamiento, certificados de parejas de hecho, solicitudes de regularización, certificados del registro civil sobre estados civiles, ingresos bancarios, así como 5 teléfonos móviles.

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba, en colaboración con el Grupo II de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la UCRIF Central, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

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