La Policía detiene a otras 23 personas por supuesto fraude en los cursos de formación

Valencia Noticias | Agencias.- La Policía detuvo este martes a otras 23 personas en varias provincias andaluzas dentro de la Operación Eduende, la tercera fase de la denominada Edu que investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, según informó la web de rtve.

Registro en una de las fases de la Operación Edu.
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Registro en una de las fases de la Operación Eduende.

Según fuentes policiales, por este martes no se esperan más arrestos en una operación que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y que continúa abierta.

En esta nueva fase, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional prevé unos 140 arrestos en toda la región. En esta nueva fase de la denominada ‘Operación EDUende’, además de empresarios, las detenciones van a afectar de lleno a cargos de la Administración acusados directamente de ser responsables de la concesión de las subvenciones.

El operativo se inició el lunes, pero se extenderá a lo largo de casi todo lo que resta de mes de junio.

Este lunes, los agentes detuvieron a 35 personas e imputaron a otras tres en Cádiz, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Granada y Sevilla. Entre los arrestados hay directores, jefes de servicio y jefes de departamento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Almería.

También van a ser detenidos numerosos funcionarios de esas cinco provincias. En esta rama del operativo se esperan en torno a 40 detenciones que tendrán lugar entre este lunes y este miércoles, indican las mismas fuentes consultadas.

Por su parte, en Sevilla y en Huelva también se van a practicar en torno a un centenar de arrestos durante las próximas dos semanas. En este caso se trata sobre todo de empresarios que se beneficiaron de la concesión de esas subvenciones públicas de manera fraudulenta.

La mayoría de estas empresas recibía concesiones entre 60.000 y 200.000 euros y la UDEF estima que el dinero total defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros.

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