La muerte de la anciana de Reus reaviva el debate sobre quién es responsable en la pobreza energética

Este caso en concreto ha suscitado un cruce de acusaciones entre la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Reus y la compañía eléctrica que cortó el suministro eléctrico por impago a la anciana en Reus, Gas Natural Fenosa. Para iluminar su casa, la mujer recurrió durante dos meses al uso de velas, una de las cuales causó el incendio que acabó con su vida.

El ministro de Energía ve que es un tema de servicios sociales

El nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, no enmarca el suceso de Reus en una cuestión energética y sí en un caso claro de normativas sobre servicios sociales, de competencia autonómica y municipal.

“La pobreza energética es un síntoma de una situación de vulnerabilidad mayor: a lo mejor esta persona no puede pagar el alquiler o no tiene suficiente para comprar alimentos, debe mirarse desde un punto de vista más general. Son los servicios sociales los que conocen a las personas y la realidad social y qué tipo de carencias tienen“, ha manifestado a los periodistas españoles en Marrakech.

Aunque el ministro brinda la ayuda de su Departamento, señala concretamente al Ayuntamiento de Reus: “Existe un fondo municipal que pudo haberse utilizado, y esa persona -en referencia a la mujer fallecida- ya lo utilizó en alguna ocasión para pagar agua y gas”, ha señalado Nadal, quien descarta así implícitamente que el Gobierno vaya a legislar sobre la pobreza energética.

Reus insiste en que la compañía eléctrica vulneró la ley

Desde el Ayuntamiento de Reus consideran que en este caso, la responsabilidad de la tragedia recae en la compañía eléctrica, Gas Natural, a la cual acusan de incumplir la ley y el “principio de prudencia”, rechazando las explicaciones de la compañía de que la anciana fallecida en el incendio de su casa no estaba en su listado de familias vulnerables.

La regidora de Bienestar Social, Montserrat Vilella, reitera que Gas Natural no puso en conocimiento de los servicios sociales que iba a proceder a cortar el suministro energético a la mujer fallecida, por lo que el ayuntamiento no pudo informar a la compañía de su situación de vulnerabilidad.

“Es preocupante que no avisen, pero es todavía más preocupante que lo acaben cortando, porque están vulnerando el principio de prudencia“, ha argumentado la regidora, tras destacar que las empresas energéticas deben cumplir la ley.

Vilella rebate así las explicaciones que dio Gas Natural a través de un comunicado, en el que explicó que disponen de un canal exclusivo de gestión con los servicios sociales de los ayuntamientos para atender conjuntamente los casos de vulnerabilidad.

“La explicación que da Gas Natural no justifica lo que ha sucedido, y no les exime del cumplimiento de la ley, que es muy clara” a la hora de comunicar que van a proceder a cortar el suministro energético, ya que la ley “garantiza” que previamente deben informar a los servicios sociales, ha recalcado la regidora.

Gas Natural revisará los casos de corte de suministro

A esto, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha avanzado que la compañía revisará los cortes de suministro programados en toda España para evitar “tragedias” como la de Reus, pero ha pedido a las administraciones públicas más coordinación y a la Generalitat catalana que cubra los vacíos legales.

En un encuentro informativo celebrado en la sede de la empresa en Madrid, Villaseca ha reconocido que la Ley de Pobreza Energética de Cataluña obliga a las compañías suministradoras a comunicar los cortes, pero ha subrayado que la norma tiene “una cuestión relevante pendiente”: el desarrollo, por parte de la Generalitat, de un reglamento para concretar el protocolo de comunicación entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las empresas.

El consejero delegado ha destacado que, a pesar de la falta de coordinación de las administraciones públicas y de los vacíos legales, la compañía ha suscrito acuerdos y convenios de colaboración con los servicios sociales de 400 municipios de toda España, lo que abarca al 90% de sus clientes en el territorio nacional y ha permitido atender a 9.000 hogares en situación de vulnerabilidad.

Villaseca ha subrayado que en Reus existe un convenio de este tipo que funciona desde 2014. En este tiempo, los servicios sociales han comunicado a la empresa 150 casos de familias en situación de vulnerabilidad. En lo que va de año, se han comunicado 88 casos.

“Desgraciadamente”, ha dicho, ni los servicios sociales de Reus ni familiares ni vecinos de la fallecida habían comunicado a la compañía la situación de la anciana durante los dos meses que llevaba sin suministro.

Generalitat: la ley es clara y debe cumplirse

Por su parte, el Govern catalán, por medio del conseller de Empresa, Jordi Baiget, ha anunciado este jueves que contactará con Gas Natural y con plataformas sociales para convocar reuniones e intentar encontrar “de una vez por todas una solución definitiva” a los casos de pobreza energética.

Para eso, cree que basta con cumplir la ley que ha desarrollado Cataluña y que persigue evitar cortes de suministro a personas vulnerables y que las compañías firmen convenios para permitir el fraccionamiento y condonación parcial de las facturas impagadas, como ya ha hecho la Generalitat con las empresas de suministro de agua.

Ante los argumentos de Gas Natural, ha defendido que la ley catalana de pobreza energética es “clara” y que no necesita un desarrollo reglamentario adicional, porque ya tiene un protocolo de actuación que se debe cumplir.

De hecho, en virtud de dicho protocolo, el conseller advierte de que sancionará a Gas Natural si se confirma que no contactó con los servicios sociales de Reus antes de cortar el suministro eléctrico a la anciana para saber si estaba en situación vulnerable.

Puigdemont espera que las eléctricas se sientan “interpeladas”

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, espera que las compañías suministradoras de electricidad se sientan “interpeladas” tras el caso de la anciana de Reus.

La ley contra la pobreza energética, que se aplicó en julio de 2015, prevé que las empresas suministradoras deben firmar convenios con la administración para asumir la deuda de las familias que no pueden pagar la electricidad. Sin embargo, la Alianza contra la Pobreza Energética denunció el miércoles, en una concentración de protesta por la muerte en Reus, que la Generalitat no tiene voluntad de desarrollar la ley.

“La Generalitat no puede obligar a nadie a firmar ningún convenio”, ha afirmado Puigdemont, en un acto de colecta de alimentos en Barcelona, para añadir que por ello las empresas suministradoras deberían actuar para evitar casos como el del municipio tarraconense.

“Todos sabemos qué ha pasado y por qué ha pasado”, ha asegurado el presidente catalán, y ha añadido que las compañías “responsables saben qué tiene que pasar a partir de ahora”.


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