La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Cartagena por el caso de la desaladora de Escombreras

Imagen del Ayuntamiento de Cartagena, en Murcia. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

AGENCIAS Agentes de la Guardia Civil han entrado a primera hora de la mañana de este miércoles en dependencias municipales del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) en busca de documentación relacionada con la desaladora de Escombreras, según fuentes municipales.

Los agentes, pertenecientes a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo de Madrid, se han personado de paisano en estas dependencias y han solicitado la licencia de obras y la licencia de actividad de la planta desaladora.

Se trata de documentación relacionada con la tramitación administrativa del proyecto de la desaladora, dado que el Consistorio tuvo que tramitar en su día las autorizaciones necesarias para su construcción en el municipio, además de los permisos para las conducciones e instalaciones en general de esta infraestructura.

Los agentes han acudido a la sede de la calle San Miguel de Cartagena donde se encuentra el edificio administrativo del Ayuntamiento que alberga las diferentes concejalías, en concreto, la de Urbanismo, cuyas competencias son del actual alcalde, José López.

La Fiscalía investiga aspectos medioambientales

La visita se ha llevado a cabo dentro de las diligencias informativas que tiene abiertas la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para investigar los aspectos medioambientales de la misma.

Fuentes del Ministerio Fiscal han dicho a Efe que, aparte de la investigación ya judicializada que se tramita en un Juzgado de Instrucción de Murcia por la presunta entrega de dádivas por aquella obra, el propio ministerio público tiene incoadas estas nuevas diligencias que tratan de determinar si la tramitación del proyecto cumplió con toda la normativa de medio ambiente.

Una vez que finalicen las actuaciones que están en marcha, la fiscalía, si observa indicios de criminalidad, lo pondrá en conocimiento del juez y, en caso contrario, acordará su archivo.

La operación se inició este martes

La operación dio comienzo este martes cuando la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, a instancias de una querella presentada por la Fiscalía a fin de esclarecer también la gestión económica de la infraestructura, registraron las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, que actualmente se encuentra en funcionamiento, a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, cuyas actuaciones ha declarado secretas.

La petición responde a la querella presentada hace meses y admitida a trámite en 2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, “lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público”.

Así como que los supuestos delitos a los que responde la investigación son malversación de fondos públicos, fraude o administración desleal, entre otros.

Precisamente este martes López, al ser preguntado por la operación policial, contestó que “ya están tardando en entrar en el Ayuntamiento”, augurando que el dispositivo policial iba a entrar tarde o temprano al Consistorio dado que desde estas instancias se había autorizado la construcción.

Aunque los agentes preveían llevarse unos ordenadores, finalmente no se llevaron nada de las dependencias de la desaladora de Escombreras, ubicadas en la primera planta de la Consejería de Agricultura, que actualmente dirige Adela Martínez-Cachá.

Al parecer, los agentes de Policía Nacional también efectuaron un registro en el despacho de abogados Arnaldos&Asociados, que es el bufete del letrado Andrés Arnaldos, que presuntamente asesoró al entramado societario y llegó a ejercer como secretario de la desaladora.

Una desaladora construida en 2004

La desalinizadora está gestionada por empresas del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el Gobierno autonómico habría pagado hasta el momento hasta 94 millones de euros por el alquiler, debiendo por el momento otros 35 millones.

Cabe recordar que en la época en la que fue construida la desaladora de Escombreras, en 2004, gobernaba en la región Ramón Luis Valcárcel y el consejero de Agricultura era Antonio Cerdá. Ambos han comparecido recientemente en la Comisión de Investigación de la desanilizadora de Escombreras en la Asamblea Regional donde aseguraron que la desaladora no cuesta 600 millones “ni hay entramado societario”.

“Ni hubo trama ni se sorteó la ley y tampoco hubo intereses urbanísticos por parte de la Comunidad en la construcción y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras”, indicó el ex consejero murciano ante la Comisión en la que ya han comparecido el ex presidente murciano, Alberto Garre, así como el exconsejero y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Angel Ródenas, la exministra Cristina Narbona, o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Angel Viudes.

Las gestiones que se han realizado desde su inicio en 2006-2007 ha sido motivo para la reciente creación en la Asamblea Regional de una Comisión de Investigación, al objeto de que se analicen todas las operaciones que se han realizado con relación a esta planta y la razón de por qué se construyó y los perjuicios que ha acarreado esa decisión.

En virtud de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras han declarado ya los expresidentes regionales Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre, así como el exconsejero y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Angel Ródenas, la exministra Cristina Narbona, o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Angel Viudes.


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