La Generalitat ahorra 71,5 millones de euros en los dos primeros meses del año con la racionalización del gasto

La Generalitat ha logrado un ahorro durante los dos primeros meses del año de 71,5 millones de euros con las políticas de racionalización y austeridad en el gasto puestas en marcha en el ámbito de la Administración autonómica, según ha explicado hoy el vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia, José Císcar.

Ciscar, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del pleno del Consell, ha asegurado que así lo ha certificado la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad, órgano integrado por representantes de todas las conselleries y entidades autónomas.

Tal y como ha detallado el también portavoz del Consell, de esta cantidad, 67,4 millones de euros corresponden a medidas relacionadas con el ajuste de 1.057 millones de euros que se presentó a principios de enero y que incluía, entre otras iniciativas, el decreto ley de medidas urgentes para la reducción del déficit de la Generalitat. Este decreto preveía ingresos por valor de 238 millones de euros asociados a tasas e impuestos y que, por tanto, no entran dentro de la política de certificación de ahorro.

Además, las conselleries han planteado, en el seno de la comisión, otras medidas de ahorro complementarias a las presentadas en enero por un importe global de 63 millones de euros, de los que ya han acreditado algo más de 4 millones de euros en tan solo dos meses.

Las cifras reflejan que “este Gobierno está plenamente comprometido con la reducción del déficit público como eje fundamental de su acción política”, ha subrayado Císcar, que ha añadido: “No hay comunidad autónoma tan aplicada en esta tarea como la valenciana, como lo demuestran los datos ofrecidos por esta comisión y sus acciones futuras”.

Certificaciones de ahorro por conselleries

Por conselleries, las certificaciones de ahorro son las siguientes: Presidencia, 68.850 euros; Hacienda y Administración Pública, 8.992.064 euros; Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 37.689 euros; Educación, Formación y Empleo, 2.523.000 euros; Sanidad, 58.453.640 euros; Economía, Industria y Comercio, 516.667 euros y Gobernación, 935.000 euros.

Según ha indicado, las conselleries restantes “certificarán en los próximos meses, sus compromisos adquiridos, ya que este es un proceso continuo y abierto en el que cabe la posibilidad de que se introduzcan incluso nuevas iniciativas de optimización de recursos a lo largo del ejercicio actual”.

“Estamos demostrando que somos una Administración capaz de optimizar nuestros recursos sin necesidad de alterar ni mermar la calidad en la prestación de los servicios públicos”, ha manifestado también.

Císcar ha querido puntualizar que “el ahorro que se está generando no es lineal”, dado que “se pueden producir mensualidades en las que las certificaciones sean de un volumen mayor en comparación con otra mensualidad”.

“Por citar un ejemplo, la Conselleria de Sanidad ya ha documentado un ahorro efectivo de 3,5 millones de euros en materia de farmacia hospitalaria a través la sustitución de fármacos de coste elevado por otros terapéuticamente idénticos y de un coste inferior, pero seleccionados a través de comités de farmacia”, ha ilustrado.

La Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el ámbito de la Generalitat se creó el pasado mes de febrero y tiene, entre otros cometidos, el de establecer el marco general para la gestión eficiente del gasto y la puesta en marcha de medidas de ahorro.

Asimismo, también se encarga de coordinar y realizar un seguimiento de las políticas de ahorro y de proponer iniciativas, de informar sobre proyectos normativos, de recibir mensualmente certificación formal de altos cargos sobre medidas de ahorro aplicadas y de comprobar su adecuación al objetivo de estabilidad presupuestaria.

El ámbito de actuación de esta nueva comisión incluye tanto a las conselleries como a las entidades autónomas y al sector público empresarial y fundacional.

 

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