La empresa explotadora del almacén de gas Castor niega vinculación entre la planta y los seísmos

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Agencias El presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, empresa explotadora del almacén de gas subterráneo Castor, ha negado cualquier relación entre los seísmos producidos frente a las costas de Vinaròs y la actividad de la planta y, según fuentes de la acusación popular, ha dicho que los mismos se corresponden con una “sismicidad natural”, una “coincidencia en el tiempo entre los movimientos sísmicos y la actividad de inyección de gas”.

Así lo ha asegurado a los medios el representante de la acusación popular ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, Jorge Casal, tras la declaración de del Potro en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Castor.

Según el letrado de Arca Ibérica, del Potro ha puesto además en entredicho los informes del Instituto Geológico Minero de España, que vincularon directamente la actividad de inyección de gas con los más de 300 seísmos producidos en septiembre 2013. Para el responsable de Escal, los técnicos evaluaron “erróneamente” los datos porque, a su juicio, confundieron el caudal de la inyección con el volumen.

El responsable de Escal ha “eludido cualquier tipo de responsabilidad de la empresa”, ya que desde el primer momento la mercantil “hizo los estudios de sismología que le habían requerido de forma exhaustiva”. Según el letrado de la acusación popular, ha asegurado ante el juez que los estudios que barajaban “se centraban única y exclusivamente en la falla de Amposta” y ha recalcado además que “no podían tener conocimiento de la existencia de otras fallas”.

En cuanto a la repercusión de la actividad de inyección, del Potro ha manifestado que “la aportación de gas a la energía que desplegaban los seísmos era de una milésima parte, por lo tanto mínima y nada que ver” con ellos. Ha subrayado que la intensidad que registraron los seísmos se situó en torno a los 3 grados en la escala Richter, y que los temblores percibidos en las costas castellonenses fueron “equivalente a las vibraciones que experimenta la fachada de un edificio cuando pasa un camión por delante“. Del mismo modo ha sostenido que había un “perfecto conocimiento” de todos los movimientos por parte del Ministerio y de la Red Nacional de Alerta Sísmica, cuyo director le dijo que “por la magnitud e intensidad de los sismos no había el más mínimo riesgo para las personas“.

Ha relatado también que las únicas medidas que se llevaron a cabo cuando se produjeron los primeros seísmos fue “el seguimiento de los mismos, la comunicación al ministerio y a la red nacional de alerta sísmica y nada más”. Según el directivo de Escal, “en ningún momento cesó la actividad” de la empresa, que se mantuvo hasta el 16 de septiembre de 2013 “cuando cesó como estaba programado, sin recibir indicación ni instrucción alguna”.

Por su parte la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha anunciado que presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para pedir “la suspensión de los efectos perjudiciales que supondrá la entrada en vigor de la repercusión tarifaria que impone en Real Decreto de indemnización a favor del proyecto y de Escal”.

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