La Conselleria de Hacienda recurrirá una sentencia del TSJCV sobre acceso a documentos y critica la ‘mala fe’ del PP por alegar que los papeles de la Intervención están digitalizados

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico recurrirá en casación la sentencia de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV que ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un diputado del PP de las Corts Valencianes que reclamó la remisión de una copia, “en soporte informático”, de todos los informes de fiscalización e intervención previa emitidos por las diversas intervenciones delegadas de las conselleries y, en su caso, por la Intervención General, entre julio de 2015 y enero de 2016. El departamento de Hacienda censura la “mala fe” del grupo popular de las Corts por “emplear argumentos falsos”, especialmente, el de que la documentación solicitada, que abarca miles de papeles repartidos por todos los expedientes obrantes en las intervenciones delegadas, “es una documentación de la que dispone el Consell en soporte informático y es fácilmente trasladable” a su grupo.

Muy al contrario, el recurrente es perfecto conocedor, porque hasta junio de 2015 formó parte del Gobierno de la Generalitat, de que la documentación que asegura que está informatizada no lo está en modo alguno. Como muestra de la precaria implantación de la Administración electrónica a junio de 2015, baste subrayar que solo el 12% de los trámites administrativos se realizaba por vía telemática, con un enorme retraso respecto a otras administraciones. En el caso específico de la Intervención, esos documentos no existen en soporte informatizado.

Todo ello evidencia la actuación premeditada del grupo recurrente para “confundir y manipular los hechos de forma torticera”, pese a que, como formación que ha estado en el Gobierno los anteriores 20 años, tiene conocimiento de la inexistencia de la información digitalizada que está reclamando ante el juez. El Consell va a trasladar al juzgado un certificado acreditativo de que ese documentación no está digitalizada.

El fallo se produce pese a que la conselleria, a través de la “satisfacción extraprocesal”, accedió “en su totalidad” a las pretensiones del diputado demandante, “a fin de facilitarle su derecho de control de la labor realizada por el Consell”, comunicándole que esos informes están custodiados en las intervenciones delegadas de cada una de las conselleries y en la de Presidencia y, en su caso, en la Intervención General, indicándole que esos papeles le serán “puestos de manifiesto en el lugar, día y hora que concierte con cada una de las intervenciones delegadas y con la Intervención General”.

“Busca condenas, no información, que ya la tenía garantizada”

El diputado recurrente aceptó implícitamente esta satisfacción extraprocesal al dirigirse a cada una de las intervenciones delegadas, como admite en su demanda, e incluso se personó en las dependencias de la Intervención General a fin de establecer un calendario de acceso a la documentación. Es más, se llegó a acordar con el diputado centralizar la puesta a disposición de los papeles en las dependencias de la Intervención General, a fin de evitar que tuviera que desplazarse a cada una de las intervenciones delegadas. Sin embargo, mientras mantenía estas negociaciones formalizó la demanda ante el TSJCV poniendo en evidencia que “lo que se busca son condenas y no información, porque ésta la tenía garantizada ya por la conselleria, seguramente para blanquear su pasado, ya que el anterior ejecutivo fue el Consell más opaco en la historia de la Generalitat”.

De no ser así, el grupo popular de las Corts estaría evidenciando una absoluta desconfianza al trabajo diario de un cuerpo especial de la Administración de la Generalitat integrado por los mismos funcionarios que han estado prestando servicios en las anteriores legislaturas.

La situación creada surge a partir de varias peticiones de documentación planteadas por el parlamentario. El 5 de abril, notificado el día 7, la conselleria le responde remitiéndole un CD-Rom con todos los informes de control financiero específico que había solicitado también, al tiempo que le trasladaba la enorme dificultad y laboriosidad de recabar los papeles referidos a todos los informes de fiscalización e intervención previa existentes en todos los expedientes entre julio de 2015 y enero de 2016. Acto seguido, sin mediar ni recurso a la Mesa de las Corts, el 14 de abril interpuso recurso por vulneración de derechos.

Al tener conocimiento de ello, la conselleria, el 9 de mayo, se dirige nuevamente al grupo popular trasladándole que se “accede en su totalidad a las pretensiones” del diputado y, en el marco de la obligación de proponer soluciones a la que apela el recurrente, se le ofrece poner toda esa documentación a su disposición, previa concertación de cita en las diferentes instancias de la Administración. Días después el diputado, aceptando dicha propuesta, se dirige a las intervenciones delegadas para concretar el modo de acceso a la voluminosa documentación. Sin embargo, el 13 de junio el diputado formalizó la demanda ante el TSJCV sin esperar que se le pusiera a disposición la documentación.

“Entorpecer la labor del Consell”

En la contestación inicial a la petición, la conselleria le señaló al diputado que, de acuerdo con la última ley de Hacienda de 2015, todos los actos que reconocen derechos de tipo económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto o impliquen movimiento de fondos o valores son objeto de intervención previa que se materializa mediante la estampación de un sello de conformidad sobre cada uno de los documentos intervenidos. Una única actuación administrativa puede conllevar cuatro o cinco momentos en que la intervención previa interviene.

“Como la casi totalidad de la actividad administrativa de la Generalitat -señala la respuesta al diputado del 5 de abril- implica algún tipo de actividad de las que son objeto de Intervención, las solicitudes de documentación implicarían reproducir la práctica totalidad de los expedientes administrativos iniciados por la Generalitat desde junio de 2015, así como todos los anteriores sobre los cuales se han efectuado operaciones contables desde ese mes, lo cual excede toda racionalidad y entorpecería gravemente el trabajo de la Administración”.

Cabe subrayar también que la solución de “puesta a disposición” de los parlamentarios de la información obrante en poder de la Administración es exactamente la misma fórmula seguida por el diputado recurrente en su etapa como miembro del Ejecutivo, y ello después de decenas de condenas por haber ocultado los anteriores Consells contratos, subvenciones y documentos, como los referidos al caso Gürtel, solicitados por la oposición. “Da la impresión de que se quieren tapar las vergüenzas del pasado reclamando indiscriminadamente miles de documentos a sabiendas de su imposibilidad física para recabar condenas o, al menos, intentar paralizar la Administración”, lamenta el departamento de Hacienda.


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