La Comunitat Valenciana y Baleares pactan un documento conjunto en el que reclaman un sistema de financiación que garantice la sostenibilidad del Estado del Bienestar

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conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y su homóloga balear, Catalina Cladera, han mantenido hoy un encuentro en el que han pactado un documento conjunto de ocho puntos para reclamar un sistema de financiación autonómica que garantice la sostenibilidad del Estado del Bienestar, del que tres de sus cuatro pilares básicos -sanidad, educación y protección social- están encomendados a las comunidades. El documento suscrito se suma al pactado recientemente con Murcia, también de ocho puntos, entre el conseller Soler y su homólogo murciano, y al pronunciamiento rubricado este fin de semana entre el President, Ximo Puig, y la Presidenta de Andalucía, Susana Díaz.

El documento conjunto firmado entre Baleares y la Comunitat Valenciana incide en que la reforma del sistema de financiación “no se ha de abordar como un debate de territorios, sino con el objetivo de mejorar la articulación del Estado de las Autonomías y el funcionamiento del Estado de Bienestar en España, poniendo en el centro de atención las necesidades de las personas, con independencia del territorio donde vivan”.
“Es imprescindible que el conjunto de los ingresos públicos pueda sostener el conjunto de los gastos públicos sin incurrir en déficit y también hay que equilibrar los gastos y los recursos atribuidos a cada administración”, señala el documento.

El texto también proclama que el sistema “debe proporcionar recursos suficientes para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan prestar los servicios públicos de los que son responsables y decisivos para el bienestar de nuestra ciudadanía, con unos niveles de calidad adecuados”. “Hay que construir un sistema que equipare en recursos a las diferentes comunidades autónomas”, se apunta, para agregar que todos los ciudadanos, “independientemente del territorio en el que residan, tienen derecho a acceder a un nivel equivalente de servicios públicos. Es una reivindicación de equidad insoslayable”.

Además, el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas “debe proporcionar estabilidad a la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales, que son tres de los cuatro pilares del Estado del Bienestar” y “su nivel de gasto debe estar protegido de las oscilaciones del ciclo económico”. En consecuencia, “se ha de construir una garantía a largo plazo mediante reglas de gasto reformadas y la creación de un fondo de reserva (tal como sucede con las pensiones), de manera que se protejan los recursos necesarios para la prestación de estos servicios”.

El documento añade además que “se ha de ampliar el espacio fiscal de las comunidades, aumentando su participación en los principales ingresos tributarios, su capacidad normativa y su participación en la gestión tributaria, para conseguir una mejor corresponsabilidad fiscal”. Acto seguido, reclama que se asegure la “lealtad institucional” entre el Estado y las comunidades y de las autonomías entre sí. En este sentido, se señala que no se puede permitir que ninguna comunidad se beneficie de su fiscalidad para atraer población y que “los ciudadanos decidan donde vivir no según sus preferencias o condiciones personales, sino según la legislación tributaria de las comunidades, con la consiguiente desigualdad e injusta distribución de la carga tributaria”.

Planificar la tesorería sin interferencias políticas

“El nuevo modelo ha de ser sencillo, transparente, predecible y debe permitir temporizar correctamente la tesorería sin condicionamientos políticos de su gestión y, por tanto, facilitar la planificación a medio y largo plazo para una mejor consolidación fiscal”, señala el documento.

Por otra parte, se hace hincapié en el importante esfuerzo que han realizado las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los últimos años para reducir el gasto público, un esfuerzo que ha supuesto el 95% de la reducción total registrada entre 2011 y 2015. El documento destaca que “debemos repartir equitativamente los esfuerzos y potenciar al máximo la rentabilidad social del gasto público”.

Por último, subraya el importante volumen de deuda autonómica generada en las comunidades como consecuencia de la insuficiencia de ingresos. “Si el sistema de financiación hubiera dado los recursos necesarios para cubrir el gasto de los servicios públicos fundamentales, el endeudamiento autonómico habría sido de 156.000 millones de euros menos”. Por ello, considera que se ha de abordar el problema de la deuda derivada de la infrafinanciación, particularmente en el periodo 2002-2017. “Esto debe ser tratado como un problema de Estado, asumiendo todo o parte de la deuda acumulada con criterios diferenciados según el grado de infrafinanciación sufridos”.

Puntos en común

Al término de este encuentro, en el que han participado los respectivos directores generales de presupuestos y los expertos que representan a ambas comunidades en el comité designado a nivel nacional para la reforma del modelo, el conseller Soler ha destacado que “las dos comunidades autónomas estamos por debajo en financiación per cápita, es decir, estamos mal financiados. Eso es un hecho que arrastramos desde hace mucho tiempo, y lo que queremos es aprovechar esta nueva posibilidad de cambiar el sistema de financiación para diseñar un sistema justo, que dé nuevas posibilidades a quienes soportamos prácticamente la totalidad del Estado del Bienestar, que somos las comunidades autónomas. Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los hospitales, a los colegios o a acceder a la dependencia en buenas condiciones, porque si esto no se hace bien, las consecuencias no son para los gobierno autonómicos sino que los que sufren son los ciudadanos”.

“Lo mas importante es que la cesta básica de los servicios fundamentales esté asegurada, necesitamos unos mínimos y unas condiciones esenciales para que todos los ciudadanos disfruten de unos servicios básicos como toca”, ha afirmado Soler.

Por otra parte, el conseller ha destacado que “durante los 40 años de democracia nunca se ha cuestionado el dinero con que cuenta el Gobierno central y en cambio se mira al centímetro el dinero que recibimos las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero no olvidemos que las competencias se han repartido como mandato constitucional, pero no se ha hecho una lectura en paralelo de los recursos lógicos que son necesarios para desarrollar esas competencias”.

“Ahora debemos darle una vuelta y hablar de la cesta global de los ingresos y acordar la distribución de recursos en función de la responsabilidad que tiene cada administración. Y creemos que en esto debemos estar todas las comunidades de acuerdo porque somos nosotras las que tenemos la máxima responsabilidad en el estado del bienestar y además competencias muy costosas, como es la sanidad”, ha concluido el conseller Soler.

Por su parte, la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas de Baleares, Catalina Cladera ha expresado su satisfacción por el acuerdo, ya que supone que las comunidades “trabajen juntas y en mismo sentido para avanzar en la reforma del modelo, una demanda que tenemos todas las autonomías de tener suficiencia de ingresos y corregir esta injusta e insuficiente distribución de los ingresos que padecemos las comunidades autónomas”. “Queremos trasladar el mensaje al Gobierno central de que las comunidades necesitan la modificación del sistema y de que los instrumentos, como el comité de expertos, funcionen y las autonomías puedan trasladar allí sus necesidades y sus propuestas”.

“Estamos de acuerdo en que es necesario nivelar verticalmente los recursos, dado que las competencias están repartidas e implican muchos gastos para las comunidades”, ha indicado la consellera Cladera, quien ha subrayado que el documento recoge “los puntos en los que estamos de acuerdo, los puntos de partida para avanzar en la reforma, como es la corrección del desequilibrio vertical, la ruptura del estatu quo, la solución a la deuda generada por la infrafinanciación, así como en avanzar en un modelo más sencillo, más transparente y, sobre todo, en la suficiencia de las comunidades”

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