Justicia trabaja en un convenio para que la Intervención de la Generalitat asesore técnicamente a jueces y fiscales

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La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, se ha reunido esta mañana con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en la Comunitat Valenciana, encabezada por su presidenta, Esther Rojo. Este encuentro se marca en una ronda que la titular del departamento de Justicia del Gobierno Valenciano llevará a cabo con todas las asociaciones judiciales.

Durante la reunión, la consellera ha explicado a los mandatarios de la organización judicial que el Consell está trabajando en la elaboración de un convenio para que la Intervención General de la Generalitat pueda brindar apoyo técnico a jueces instructores y fiscales en materias de su competencia.

“Queremos firmar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para que, desde la Intervención General de la Generalitat, que depende de la Conselleria de Hacienda, se dé apoyo a jueces y fiscales en el marco de una investigación y que no se limite única y exclusivamente a emitir el mero informe, sino que puedan celebrarse todas las reuniones necesarias para darles este apoyo técnico en la investigación”.

Gabriela Bravo también ha tratado con los representantes de la APM las previsiones de la Conselleria para la implantación del programa ‘Papel Cero’ en la administración de Justicia de la Comunidad Valenciana. Según ha explicado la consellera, las previsiones que se manejan entre su departamento y la dirección general de Nuevas Tecnologías es que a partir del mes de junio se podría empezar la implementación de los sistemas técnicos necesarios para que funcionen las nuevas aplicaciones procesales. Los trabajos para llegar a tal fin durarán, según está previsto, en torno a los tres meses.

Además, la consellera, acompañada por el secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, y la directora general del ramo, Maria Àngels García, han coincidido con la APM en la necesidad de que el Ministerio de Justicia acelere los trámites para la creación de quince nuevos organismos judiciales “que hacen falta en esta Comunidad” pero cuya puesta en marcha está paralizada desde el año 2011. Por último, Gabriela Bravo y los representantes de la APM han acordado que estas reuniones se celebrarán una vez por trimestre para poder realizar un seguimiento de las mejoras que se van implementando y recibir las sugerencias que puedan plantear las diferentes asociaciones y operadores jurídicos de la Comunitat Valenciana.


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