Justicia estudia recurrir el fallo del TSJ sobre la entrega del informe de auditoría ya que tal documento no existe

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La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha encargado a sus servicios jurídicos estudien la oportunidad de recurrir la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por la que se insta al Consell a entregar al Grupo Parlamentario Popular un informe de una auditoria que esta formación reclamó en octubre de 2015.

La consellera Gabriela Bravo ha manifestado que, “desde el respeto que merecen todas las resoluciones judiciales”, no comparte el fallo de la misma dado que es de imposible ejecución. Como ya se informo en su día, tanto a la Sala como al Grupo Parlamentario Popular, dicho documento no se elaboró jamás. Para la titular de Justicia del Gobierno Valenciano, “la Conselleria no puede entregarle a una diputada un documento que, sencillamente, no existe”.

Según ha explicado la consellera Bravo “el Grupo Parlamentario Popular recibió la documentación solicitada relativa al estado de ejecución de determinadas partidas del presupuesto de la Conselleria de Justicia durante la anterior legislatura, en concreto, la referida a la adquisición de equipo informático. Respecto a la segunda petición, como ya explicó el departamento que dirige Gabriela Bravo, el concepto “auditoria” se utilizó en términos políticos, pero el informe como tal no se elaboró y, por tanto, no podía ser entregado.

Para Gabriela Bravo, “el Govern del Botànic jamás ha obstaculizado la labor de la oposición parlamentaria ni hemos ocultado nada”. La consellera, además, ha lamentado que la oposición “no sepa distinguir los términos políticos de los administrativos porque, cuando se anunció que se iba a realizar una auditoría sobre el estado general de la Generalitat, nos referíamos a la necesidad política de conocer con exactitud el lamentable estado en el que los años de gobierno del PP había dejado a las instituciones autonómicas y no a que se fuera a encargar un informe auditor ni a empresas externas ni siquiera a sus propios funcionarios”.

Además, la consellera Bravo ha lamentado que el Partido Popular “haya prescindido de los mecanismos previstos en el Reglamento de las Corts Valencianes y no haya querido agotar las vías parlamentarias de control para presentar una demanda ante los tribunales con el único objetivo de buscar notoriedad”.

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