Juicio oral contra Chaves y Griñán por el caso de los ERE

la-fiscalia-pide-seis-anos-de-prision-para-grinan-y-10-anos-de-inhabilitacion-para-chavesAGENCIAS El juez de refuerzo, Álvaro Martín, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como también contra otros 24 ex altos cargos de la Junta, en el marco de la denominada pieza ‘política’, la relativa al procedimiento empleado para pagar las ayudas a empresas.

En el auto, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla recoge un presunto delito de asociación ilícita para los 26 encausados, e incluye además la petición de una fianza de 4.214.702 euros para Griñán a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes.

En su escrito, el juez explica que Griñán, presidente entre 2009 y 2013, será juzgado por los presuntos delitos de malversación y de prevaricación, mientras que su antecesor, que fue presidente 19 años, entre 1990 y 2009, lo será solo por prevaricación.

En las diligencias consta que no se han creado las piezas de responsabilidad civil sobre Griñán y otros tres procesados, por lo que el juez establece las siguientes fianzas para ellos: 6.229.108 euros para José Antonio Viera Chacón; 4.214.702 euros para Carmen Martínez Aguayo y 3.763.332 euros para Francisco Vallejo Serrano.

También abre juicio oral contra seis exconsejeros

Además de los expresidentes, el juez incluye entre los acusados a seis exconsejeros del Gobierno andaluz: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, y a los cuatro últimos les imputa prevaricación y malversación.

Además de la fianza impuesta a Griñán, se impone una fianza de 4.214.702 euros a Martínez Aguayo; de 6.229.108 euros a Viera, y de 3.763.332 euros a Vallejo; al tiempo que el juez les apercibe de que, en caso de no hacer frente a dichas fianzas, se procederá a decretar el embargo de bienes.

Entre los 24 procesados hay, además, dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.

La pieza ‘política’ de los ERE

El procedimiento, que se aplicó entre los años 2000 y 2011, tenía por objeto “eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía”, según explicó el juez en el auto de procesamiento.

Con este procedimiento se repartieron de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros, indica el juez tras señalar que el manejo del dinero se hizo pese a las indicaciones contrarias recibidas de la Intervención General de la Administración del Estado, de la Intervención andaluza, del despacho Garrigues y de la auditora Price-Waterhouse.

El escrito de apertura de juicio oral recoge las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de las partes personadas -PP, Manos Limpias y Junta de Andalucía-, cuyas peticiones oscilan desde la cárcel para ambos y al archivo de la causa.

La Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.

Para Chaves pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicita ocho años de prisión para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

Por su parte, Manos Limpias se adhirió a sus peticiones de cárcel y recordó que aún está pendiente que la Audiencia resuelva el recurso por el que pretenden incluir entre los procesados quince exaltos cargos de la Junta que fueron exculpados por el juez.

En el informe de la Junta se pide el archivo de la causa, al sostener que no aprecian prevaricación o malversación y “no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones”.

El Partido Popular solicita dos años de cárcel y doce años de inhabilitación contra Chaves y Griñán al considerar que ambos y los otros 24 encausados han cometido un delito de “asociación ilícita”.


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