Inmunidad para los investigados en el Cuerpo y palo para los guardias civiles que ejercen sus derechos: así es la justicia en la Benemérita

La disciplina de la Guardia Civil obvia los supuestos delitos de sus mandos y castiga con el destierro a 4 guardias civiles y sus familias por declarar en sede judicial contra un mando

 La disparidad de criterios de la Guardia Civil a la hora de castigar a sus trabajadores demuestra sin lugar a dudas hacia qué lado apunta invariablemente su dedo ‘justiciero’: siempre contra los guardias civiles de base, contra los que se ensaña por nimiedades o por colaborar con los tribunales, mientras que eluden siquiera señalar supuestos delitos de sus mandos, incluidos los de corrupción.

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Es el caso del Capitán Alonso Gómez Ocón,  arrestado en febrero de 2015 por Asuntos Internos en La Línea de la Concepción, donde está destinado en la actualidad, dentro de las diligencias instruidas en torno a las presuntas irregularidades detectadas en el Seprona de Málaga, donde fue teniente jefe de la unidad antes de ocupar el actual cargo. Ocón está acusado de falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias y falso testimonio.  Tras  la detención de 2015 el capitán quedó en libertad, pero las investigaciones de Asuntos Internos siguen abiertas, con la personación de AUGC como parte de la acusación.

 

Recientemente, con fecha 30 de mayo de 2016, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha emitido un informe elaborado a petición del Juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de Málaga, donde actualmente se instruyen las diligencias previas de este caso, en el que se revela que el capitán Ocón mintió en su declaración acerca de su patrimonio. En este informe se demuestra de forma contundente que en las cuentas de este mando figuran nada menos que “un 70%  de ingresos de origen desconocido”.

 

Cabe recordar, además, respecto a la actitud de este mando hacia a AUGC y su esfuerzo por lograr que se esclarezca la trama de corrupción que se creó en torno al Seprona en la provincia de Málaga, que el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga decretaba el sobreseimiento de la querella por injurias presentada por el propio Alonso Gómez Ocón contra Ignacio Carrasco, secretario general provincial de AUGC Málaga, y contra la propia AUGC.

 

Lo relevante del caso no era el sobreseimiento en sí, sino el hecho de que el denunciante pretendiera arremeter judicialmente contra las personas y la asociación que han trabajado sin descanso para destapar la trama de corrupción existente en la Guardia Civil de Málaga. Más aún si se tenía en cuenta que ésta era la segunda ocasión en que un juzgado de Málaga desestima la misma denuncia. El anterior intento, con idéntico protagonista, tuvo lugar en 2014.

 

Pues bien, tras todo esto hay que decir que, por increíble que parezca, el Capitán Ocón continúa a día de hoy en su puesto, al frente de la Guardia Civil en La Línea de la Concepción, una de las zonas mas calientes de toda España en cuanto a narcotráfico, pese a una evidencia como la presentada por la propia Guardia Civil en su informe de Asuntos Internos.

 

Por el contrario, cuatro guardias civiles de la provincia de Cádiz han sido recientemente castigados con la pérdida de destino. La causa de esta durísima sanción, que supone su destierro y el de sus familias, es haber prestado voluntariamente testimonio ante el juez por las demandas que dos mandos de los cuarteles de Arcos de la Frontera y Ubrique, ambos en la Sierra de Cádiz, habían presentado por la publicación por parte de AUGC en diciembre de 2014 de una nota de prensa en la que se detallaba la situación de acoso laboral existente en esos acuartelamientos. Ante esta durísima represalia, la Asociacion Pro Derechos Humanos de España (apdhe) ha convocado para el próximo sábado 18 de junio ante la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz una concentración como protesta y para solicitar derechos sociolaborales para los trabajadores del Cuerpo.

 

Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

 


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