Igualdad denuncia que el Estado no asume la financiación que le corresponde de los servicios sociales

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El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, ha denunciado que el Estado no está asumiendo la parte que le corresponde en la financiación de los servicios sociales, con una aportación que no llega al 10 por ciento, mientras el Gobierno valenciano se están haciendo cargo de este coste, junto con las administraciones locales.

Ésta fue una de las denuncias que se hicieron en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado esta semana en Madrid, y al que acudió un equipo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, formado por Ibáñez, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, y la directora general de Servicios Sociales, Mercé Martínez.

El Consejo, en el que están presentes todas las comunidades autónomas y el Gobierno central, abordó diversas cuestiones como la financiación del Plan Concertado de Servicios Sociales, la Estrategia Española del Pueblo Gitano, las líneas de apoyo al voluntariado, el Plan de Familia e Infancia y el reparto de las aportaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El secretario autonómico ha explicado que con la crisis el Gobierno central “recortó” la aportación que hacía al Plan Concertado, encargado de la financiación de los servicios sociales, y que establecía que éstos fueran financiados a partes iguales por el Estado, las autonomías y los municipios y ha señalado que ahora el presupuesto que destina no llega ni para cubrir el 10 por ciento del coste.

En este sentido, ha señalado que en la Comunitat Valenciana el Estado aporta un 9,5 por ciento del presupuesto para este fin, mientras que la Generalitat se hace cargo del 60,36 por ciento del coste y los ayuntamientos asumen el 30,13 por ciento restante.

Ibáñez también ha exigido al Gobierno central un cambio en los criterios que se siguen para el reparto de la financiación estatal destinada a los servicios sociales para que se haga “en base a un criterio poblacional que tenga en cuenta la dispersión geográfica, el envejecimiento y la tasa de pobreza”.

En este sentido, ha recordado que el actual modelo de financiación “está encima de la mesa desde los años 90” y la Comunitat Valenciana, junto con otras autonomías, han exigido al Gobierno central un cambio en el mismo, por lo que éste se ha comprometido a la creación de una comisión que se encargue de consensuar los criterios de reparto de las inversiones sociales territorializadas.

El secretario autonómico ha apuntado que la “infrafinanciación” a la que tiene sometida el Gobierno central a la Comunitat Valenciana afecta tanto a los servicios sociales, como a otros temas más concretos, como el apoyo a los programas destinados al pueblo gitano, donde sólo destina 44.000 euros frente a los 900.000 que aporta la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Asimismo, la delegación valenciana solicitó que las valoraciones que se hacen desde las comunidades autónomas para repartir entre el tercer sector las aportaciones del IRPF para cuestiones sociales tengan carácter vinculante.

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