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Igualdad abre el periodo de audiencia e información pública del proyecto de decreto del Consell para el concierto social de servicios sociales

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abierto el periodo de audiencia e información pública del proyecto de decreto del Consell por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Durante 15 días, los ciudadanos y ciudadanas y las entidades de los sectores sociales afectados podrán realizar las aportaciones que consideren.

El borrador del anteproyecto de ley puede ser consultado en la página principal de la web de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y las alegaciones, sugerencias y observaciones deberán ser remitidas por escrito dirigido a la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, y presentadas en el Registro General de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas o a través del Registro de Entrada de la Red de Oficinas PROP de la Generalitat.

El objetivo del decreto del Consell por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales es regular la actividad desarrollada por las entidades de iniciativa social, garantizar la transparencia, publicidad y eficiencia, y asegurar la calidad en el servicio a las personas.

El ‘concierto social’ con los centros y servicios gestionados por entidades del tercer sector sustituirá al actual modelo de subvención, lo que permitirá terminar con la discrecionalidad de las ayudas, garantizar la calidad de la atención a las personas, mejorar la seguridad financiera de las entidades y la condiciones laborales de los profesionales que trabajan en ellas.

Como primer paso para la reestructuración del sector, se ha llevado a cabo una Modificación de la Ley de Servicios Sociales para garantizar el marco legal y el desarrollo de la norma mediante Decreto para convocar el concierto social, que tendrá efectos desde 2018 hasta 2022.

El nuevo decreto beneficiará a 442 centros gestionados por entidades del tercer sector y a 9.581 personas usuarias de algunas de las plazas o servicios ofrecidos por entidades y destinadas a infancia y adolescencia, inclusión social, personas con diversidad funcional, personas mayores, protección de las mujeres, personas migrantes y familias.

Respecto a los requisitos y obligaciones de las entidades, se contempla la necesidad de estar debidamente acreditada, disponer de solvencia técnica y financiera, tener experiencia en la atención del colectivo, gratuidad total del servicio y disponer de un certificado de calidad.

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