Hoy declara como imputado Jefe de Urbanismo de Cabanes

 

Calle Vicente Blasco Ibáñez  10  CastellónJuzgado de Instrucción número 6 de Castellón
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En el caso de las adjudicaciones externas al despacho del arquitecto municipal ya hay seis imputados, entre ellos los tres exalcaldes del PP

La juez del juzgado de instrucción número 4 de Castelló, dentro de las diligencias previas 2851/2014 tomará mañana a las 12 declaración en calidad de investigado/imputado a José Vicente Guimerá Mulet, jefe de Urbanismo del ayuntamiento de Cabanes. Este imputado se une a las cinco ya existente, por el caso de la adjudicación directa y presuntamente irregular de trabajos arquitectura del ayuntamiento  de Cabanes y al socio del arquitecto municipal.

Así, en este caso en el cual estaban imputados los tres últimos alcaldes del PP de Cabanes (Artemio Siurana, Francisco Artola, y Estrella Borràs), el arquitecto municipal Rubén Bellido y el socio de este, Juan Antonio Juncos, se imputa también al Jefe de  de urbanismo del ayuntamiento. JV Guimerá..

El concejal  de Cabanes y Senador territorial de Compromís, Carles Mulet, denunció hace cerca de dos años estas contrataciones ante la Fiscalía, y el Fiscal entendió que existían indicios de delitos y pidió trasladar el caso a los juzgados imputando el arquitecto y la alcaldesa y, en el transcurso de las diligencias, se ha acabado imputando un total de seis personas, según las mismas fuentes.

Según denunció Mulet, entre 2008 y 2013, nada más tomar posesión Bellido del cargo de arquitecto municipal interino, se adjudicaron cerca de 30 contratos por un valor que superarían los 200.000 (al menos uno de ellos contrato mayor, sin oferta pública y otros claramente fraccionados en varios para poder ser considerados obra menor). Según las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de Castelló, no se encontró por parte del secretario municipal ninguna causa que justificara la externalización de estas adjudicaciones, cuando podían haber sido realizadas por parte del arquitecto municipal.

En este sentido, el decreto de Fiscalía recordaba que en un informe de mayo de 2014 el secretario municipal tampoco supo desgranar “la motivación por la cual se encargaron esos servicios a este despacho -en referencia a Juncos Redondo Arquitectas- y no a otro”. Según el mismo escrito, “los hechos relatados revisten, en principio y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de un delito continuado de prevaricación (…), de otro también continuado de fraude y exacciones ilegales (…) y de otro de negociaciones prohibidas a funcionarios”, y cita como principales responsables a la alcaldesa y al arquitecto municipal, aunque señala que en los hechos podrían haber participado otras personas “la intervención de las cuales tendrá que investigarse”.

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