Fiscalía de Valencia ha archivado la denuncia presentada por extrabajadores del Instituto Valenciano de Vivienda S.A.

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Una extrabajadora del IVVSA desveló el “fraude de ley” y “abuso de derecho” en el ERE y pidió la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que llevó a cabo la entidad el pasado año 2012 –en mayo–, y ha solicitado la nulidad de la medida acordada. También alega que hubo “pactos personales” durante la tramitación del expediente y señala “inconcreción” de los criterios de adscripción.

Esta exempleada de la empresa pública de la Generalitat, representada por el despacho de abogados de Mercedes Delgado, se pronunciaba así en el recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia de instancia en la que se declara la improcedencia de su despido en el IVVSA. La mujer reclama que el despido sea declarado nulo por cesión ilegal y, además, aprovecha para solicitar la nulidad del ERE en sí.

Ahora la Fiscalía de Valencia ha archivado la denuncia presentada por extrabajadores del Instituto Valenciano de Vivienda S.A. (Ivvsa), actualmente integrado en la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), al no ver ilegal no respetar en la solicitud del expediente los criterios pactados con los trabajadores en la mesa negociadora.

Así se desprende de la resolución del fiscal encargado del caso, a la que ha tenido acceso Europa Press, que responde a las denuncias presentadas por más de una veintena de exempleados del Ivvsa por presunta prevaricación en la tramitación del ERE de la entidad. Alegaban que el expediente se había ejecutado “sin baremos y sin datos actualizados”.

El fiscal, tras analizar la documentación aportada, ha decidido archivar las diligencias al estimar que “no respetar en la solicitud de un expediente los criterios pactados en una mesa negociadora con los trabajadores no supone una contrariedad a derecho o ilegalidad”.

En sus denuncias, los exempleados alegaban que el ERE no se había realizado “en ningún caso” con arreglo a los criterios pactados entre la empresa y la Mesa de Negociación”, ni de acuerdo con “ninguna otra valoración de ninguna otra clase”.

Recordaban que el 4 de mayo de 2012 se suscribió el acta de fin de periodo de consultas con acuerdo en el ERE del Ivvsa, donde establecían los criterios de selección. El principal era la pertenencia a las distintas direcciones, departamentos o unidades de trabajo que iban a verse afectadas con su eliminación, así como la pertenencia a las órdenes de ejecución.

Sin embargo, los exempleados denunciaban que la empresa, “de manera unilateral y sin participación alguna de la Mesa Negociadora”, elaboró el listado de trabajadores afectados por el ERE, que el 11 de mayo del mismo ejercicio puso en conocimiento de la Mesa Negociadora y de la Autoridad Laboral.

Con este listado, la empresa no acompañó ningún baremo ni documento alguno en el que constase la evaluación de los afectados conforme a los criterios pactados con la Mesa Negociadora, ni de manera individual por cada criterio, “ni tan siquiera el resultado final o ponderado”, advertían en su escrito. Tampoco figuraba –añadían– ninguna otra evaluación realizada con arreglo a ningún criterio.

Ante esta “carencia” de valoraciones, los exempleados solicitaron acceso a sus datos de carácter personal en poder del EIGE, tales como documentos que obraran en sus expedientes, perfiles o capacidades técnicas y el baremo concreto que se aplicó en la valoración de sus datos con la finalidad de determinar la adscripción al ERE.

Como consecuencia de este requerimiento, los exempleados comprobaron que la documentación que obraba en poder de la entidad se reducía a currículums desactualizados en más de diez años, incidencias relativas a bajas médicas, ejercicio del derecho de huelga, reducciones de jornada y permisos sin sueldo, además de copia de los contratos y reclasificaciones y, en algunos casos, diversas nóminas.

Sin embargo, se percataron de que no quedaba acreditado “en modo alguno” cómo se había valorado la polivalencia y capacidad técnica en base a currículums desactualizados y, fundamentalmente, sin que existieran baremos ni documentos algunos en los que se evaluasen a los interesados a efectos del ERE.

Por ello, entendían que la gerencia del Ivvsa actuó “de forma injusta” al elaborar la lista de afectados por el ERE “por no aplicar los criterios previstos en el acuerdo alcanzado con la Mesa Negociadora y ni tan siquiera cualesquiera otros, elaborando la lista de afectados únicamente en base a su voluntad unilateral, en cuanto que no permitió participación alguna de la otra parte negociadora”.

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