Feijóo recibió 2.300 euros en Vega Sicilia de un empresario imputado por tráfico de influencias

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Alberto Núñez Feijóo saluda a Raúl López tras un partido del Obradoiro en marzo de 2011./ XUNTA DE GALICIA

Según informes de Vigilancia Aduanera en poder de ‘Público’, Raúl López envió el vino al presidente gallego a su domicilio, al igual que a otros políticos, como José Blanco, exministro socialista, o Xosé Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó esta semana investigar al exministro de Fomento socialista José Blanco y al actual portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro, por haber recibido durante sucesivas navidades lotes de vinos de lujo del empresario de transportes Raúl López, imputado en varios sumarios de corrupción.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia también desbarató horas más tarde una exposición razonada de una juez de instrucción de Lugo, Pilar de Lara, que pedía imputar por los mismos hechos al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a su número dos en el Gobierno gallego, Alfonso Rueda. Ambos tribunales decretaron que el comportamiento de los políticos receptores de esos obsequios –entre los que había botellas de 600 euros de Vega Sicilia– no implica “ilícito penal alguno” y deben enmarcarse dentro de la “cortesía institucional”. El tribunal gallego va más lejos y califica “de ínfimo valor” esas atenciones.

El sumario Cóndor que persigue delitos de lavado de dinero, prevaricación, cohecho, contra la administración pública y fraude fiscal, además del societario, no solo atañe a figuras políticas de primera fila. En el juzgado de instrucción número 1 de Lugo siguen imputados 24 dirigentes políticos y funcionarios de distintas instituciones y organismos públicos que no tienen la condición de aforados por recibir dádivas similares. Fuentes próximas al caso dan por hecho que también ellos serán desimputados siguiendo el criterio del Supremo.

La jueza de primera instancia que arrancó la investigación solicitó en su escrito al alto tribunal que fijase una cantidad económica a partir de la cual la cortesía pasa a considerarse delito. El Supremo obvió señalar una cuantía y recuerda en su auto que para fijar un cohecho tiene que concurrir una relación causal entre la dádiva y un beneficio concreto para el empresario.

Ese debate se da en los tribunales después de que distintas administraciones y partidos se hayan apresurado durante estos últimos años de escándalos y sumarios de corrupción para regular a través de códigos éticos la relación de políticos y funcionarios con los empresarios que aspiran a recibir contratos públicos.

Tras estallar el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid con Pedro Sánchez en la secretaría general, el PSOE puso en marcha en 2014 un código de buenas prácticas que impide a sus cargos recibir obsequios que superen los 60 euros. Cualquier presente por encima de ese importe debe ser devuelto en un plazo de cinco días. Además, el partido se compromete a llevar un registro de todos los regalos que se acepten. Si fuese hoy, José Blanco no podría aceptar las botellas de Vega Sicilia de Monbus.

En el caso del PP, cuando más arreciaban los titulares de la trama Gürtel, presentó otro código ético que impedía recibir presentes a sus cargos orgánicos. La responsable de explicarlo fue la entonces vicesecretaria de Organización del partido, Ana Mato, quien explicó que su manual de buenas prácticas “incluye la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales”.

Esa normativa interna no impidió que Feijóo recibiese según el listado que aportó el Servicio de Vigilancia Aduanera entre 2008 y 2013 y siempre por Navidad en su domicilio particular vinos de lujo por 2.300 euros del controvertido empresario que había recibido concesiones del Gobierno gallego por valor de 23 millones de euros.

Apenas un año después de recibir la última botella de Vega Sicilia, valorada en 599,68 euros, el presidente gallego impulsó otro código ético en su Administración que impedía a cargos y funcionarios aceptar regalos de un precio superior a 90 euros. Esa normativa interna, todavía en vigor, amenaza con despidos al personal de la Xunta que se salte esta regulación que emana de la Ley de Transparencia impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006.

El Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid también estableció en 2015 un límite de 50 euros para cualquier dádiva a concejales, empleados municipales y altos cargos.

La Generalitat valenciana, donde han apuntado los focos durante los últimos años por el caso de los trajes, la trama Gürtel y otros escándalos, también ha regulado el asunto de los obsequios. El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, explica que allí no se ha fijado un tope pero han optado por darle la máxima publicidad a cada obsequio que llega, creando un registro de fácil consulta en el que deben apuntar los altos cargos cada detalle que reciben.

Alcaraz asegura que además de la existencia de normativas, por ambiguas que sean, es importante el sentido común: “Unas navidades me regalaron dos pastillas de turrón. Cuando me mandaron un cajón lleno de turrón, pues lo envié a una entidad benéfica y explico en una carta a la persona que era excesivo. Una botella de vino normal se acepta. La caja del mismo vino, pues ya no. En el Govern recomendamos que tampoco se haga ostentación de no recibir regalos porque eso puede afectar a cierto tipo de dignidad. Si en un centro de personas con capacidades especiales me regalan una libreta que hicieron los niños, ¿cómo no voy a aceptar eso? Hay que tratar de evitar también esa ostentación de la virtud”.

José María Maravall es un sociólogo con gran prestigio internacional con cátedra en la Universidad de Columbia. También fue el primer ministro de Educación del Gobierno de Felipe González entre 1982 y 1988. Asegura estar espantado con lo que ha visto en la política española durante los últimos años. Nada que ver con aquella primera época, asegura: “Llegamos al Gobierno y se establecieron unas normas. Se nos dijo que cualquier regalo que recibiésemos por encima de una cantidad, que recuerdo que era ridícula, había que depositarlo en el Patrimonio Nacional. Esa fue la práctica que yo conocí. Nunca jamás me ofrecieron regalos. Recuerdo que durante una condecoración, una institución te pudiera pagar el viaje al acto. Y que la gente que trabajaba conmigo en el Ministerio me regaló una pluma tras aprobar una tríada de leyes de educación que fueron muy celebradas. Pero nada más”.

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