Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana cree que la divisiónen diecinueve distritos escolares es «desproporcionada»

Pere Roc II muestra unas pelotas a los alumnos del CEIP Vasco Núñez de Balboa de Benidorm
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Pere Roc II muestra unas pelotas a los alumnos del CEIP Vasco Núñez de Balboa de Benidorm

La asociación que agrupa a las Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana cree que la división del mapa de Valencia en diecinueve distritos escolares aprobada el jueves por el Consejo Escolar municipal de la ciudad de Valencia es «desproporcionada».

Para la Federación mayoritaria de la enseñanza concertada, que agrupa a trescientos centros educativos en la Comunitat, la medida provocará situaciones de «indefensión» para los padres que elijan un centro escolar fuera de su área de influencia, ya que serán penalizados en la baremación.

Considera que el nuevo mapa escolar no tiene en cuenta el derecho de las familias a elegir centro de forma libre, así como tampoco la demanda social de los últimos años en la ciudad.

Por ello, Escuelas Católicas reiteró ayer que la nueva configuración provocará situaciones de indefensión en muchos padres. Al respecto, la presidenta de la asociación, Vicenta Rodríguez, criticó que este tipo de parcelaciones «crean situaciones desconcertantes».

Escasez de colegios

«En muchas ocasiones, en función del lado de la calle en el que se viva, los padres pueden tener serias dificultades para matricular a su hijo en el centro que deseen», mantuvo Rodríguez, quien añadió que la división se ha hecho «sin tener en cuenta la situación y los recursos educativos reales de los distritos».

Por este motivo, apuntó que habrá zonas «con escasez de centros educativos y otras en las que coincidan en una misma área varios colegios juntos».

Desde Escuelas Católicas muestran así el desconcierto por el procedimiento que se ha seguido para aprobar el plan, y denuncian que la concejala de Educación en el Ayuntamiento de Valencia, María Oliver, negó la posibilidad de someter a valoración la propuesta.

Por último, la Federación considera poco «transparente y democrático» el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno de Joan Ribó y creen que la medida se tendría que haber votado en el Consejo.

 


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