En libertad con cargos el director de obra pública de la Generalitat y el extesorero de CDC

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AGENCIAS El juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso de las supuestas comisiones del 3% a Convergència (CDC) a cambio de contratos ha debajo en libertad con cargos al extesorero Daniel Osàcar, detenido este mismo viernes, y al director general de la empresa pública de la Generalitat Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rosell, arrestado el miércoles. A ambos les ha retirado el pasaporte y les obliga a comparecer ante el juzgado una vez al mes.

La Guardia Civil ha detenido este viernes a Osàcar, cuyo domicilio fue registrado el pasado mes de agosto en busca de documentación relacionada con el caso, por ser el responsable de la tesorería de CDC en la época en que se adjudicaron alguna de las obras que se investigan en el caso.

La detención de Osàcar, que también fue administrador de la Fundación Catdem, se ha producido en su domicilio de Barcelona, después de que el juez decretase este jueves prisión sin fianza para el actual tesorero del partido, Andreu Viloca, arrestado el miércoles en el marco de la misma operación.

El extesorero de CDC Daniel Osàcar se ha negado a declarar ante la Guardia Civil tras ser detenido y también ante el juez, según han informado fuentes judiciales a Europa Press, argumentando que la causa está bajo secreto de sumario y que desconoce, por tanto, de qué se le acusa exactamente.

El nombre de Daniel Osàcar aparece también en el caso del expolio del Palau de la Música, por el que la Fiscalía le pide siete años y medio de prisión por su papel clave en el presunto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista.

El juez deja en libertad con cargos al director catalán de Infraestructuras
Por su parte, el juez de El Vendrell ha dejado en libertad con cargos al director general de Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rosell, aunque le ha retirado el pasaporte y le obliga a comparecer mensualmente en el juzgado.

Según han informado fuentes judiciales, el magistrado ha decretado la libertad provisional para el detenido, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado el ingreso en prisión incondicional del alto cargo, detenido el pasado miércoles por su presunta implicación en el pago de comisiones a CDC.

Rosell se ha negado a responder a las preguntas del magistrado, igual que ha hecho este viernes el extesorero de CDC y el jueves Andreu Viloca, su sucesor al frente de las finanzas del partido.

El alto cargo permanece imputado en la causa por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil, de acuerdo con la calificación provisional que ha establecido el juez.

La Fiscalía, que sospecha que Rosell pudo intervenir desde la empresa de obra pública para favorecer la adjudicación de proyectos a compañías que pagaban comisiones a CDC, pedía su encarcelamiento argumentando que hay riesgo de fuga y de que destruya pruebas relevantes para la investigación.

También se prevé que declaren ante el juez algunos de los empresarios detenidos, doce en total, por su presunta relación con la trama del 3%, entre ellos Xavier Tauler, exconsejero delegado de la empresa de Copisa, que se sospecha también pagó comisiones ilegales a CDC a cambio de la adjudicación de obras y servicios públicos.

Registro en la sede de CDC
El juez que instruye el caso ordenó el pasado mes de agosto que se registrase el domicilio de Osàcar, la sede de la Fundación Catdem, donde se incautó de varias cajas con documentación y ordenadores, y el despacho de su actual administrador, Andreu Viloca, en la sede de CDC.

La Fiscalía Anticorrupción destacó la “especial relevancia” de los documentos triturados que se incautaron en el registro del despacho en la sede de CDC, que pudieron ser reconstruídos por el servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil registraron durante cerca de ocho horas la sede de la Fundación Catdem, a la que se cree que Teyco (empresa controlada por la familia Sumarroca, históricamente vinculada a la del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol) pagó comisiones del 3% del importe de obras públicas municipales, la mayoría de ellas financiadas con fondos del Estado procedentes del “plan Zapatero” entre 2009 y 2010.

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha comparecido este viernes en el Parlament para defender la transparencia de la gestión de las obras públicas y, entre otras cosas, ha dicho que “tenía y tiene” confianza en los tesoreros Viloca y Osàcar, después de que este miércoles asegurase que se siente “objeto de caza mayor” y criticase la actuación de la Fiscalía en esta investigación.


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