El Tribunal de Justicia examina reducir la ayuda económica inicialmente concedida a España para AVE Madrid-Barcelona

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El Tribunal de Justicia examina en este recurso de casación la legalidad de una Decisión mediante la que la Comisión decidirá Reducir la ayuda económica inicialmente concedida a España para la ejecucion de cuatro proyectos de la línea del AVE Madrid-Barcelona .

Mediante cuatro Decisiones de diciembre de 2001, la Comisión aprobar la concesión de una ayuda financiera con cargo al Fondo de Cohesión a las fases de proyectos RELATIVAS en la construcción de determinados tramos de la línea de alta velocidad entre Madrid y la frontera francesa. [1 ] posteriormente, entre junio de 2008 y diciembre de 2008, la Comisión remitió a España una Propuesta de cierre para cada una de esas fases de proyecto. Cada una de ellas incluía correcciones Financieras debida a la existencia de irregularidades en la aplicacion de la normativa sobre Contratos Publicos. Las Autoridades españolas se mostraron en desacuerdo con las Propuestas de cierre, por lo que Tuvo Lugar una audiencia el 11 de marzo de 2010.

Seguidamente, la Comisión adopta una Decisión el 13 de septiembre de 2010, [2] por la que se redujo la ayuda del Fondo de Cohesión a las mencionadas fases de proyectos: En esta Decisión, notificada a España el 14 de septiembre de 2010, la Comisión apreciar la existencia de varias irregularidades en la aplicacion de la normativa de la Unión en materia de contratacion pública,RELATIVAS la adjudicación, sin publicidad previa, de un Contrato modificación o de obras adicionales, bien directamente, bien mediante el proceÂdimiento negociación, que afectaban a las fases de proyecto de que se trataba. En consecuencia, redujo en 2.728 733,65 euros la ayuda total concedida a dichas fases.

El 24 de noviembre de 2010, España interpuso un recurs solicitando la anulación de la Decisión de la Comisión, o, subsidiariamente, la Anulación de las correcciones aplicadas a las Modificaciones derivadas de la Superación de los Umbrales de ruido, del cambio del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Santa Oliva y de las diferencias en las condiciones geotécnicas, pidiendo que se redujera en 2.348.201,96 euros el importe de las correcciones aprobadas por la Comisión. Invoca dos Motivos principales, basados ​​en el incumplimiento del Plaza establecido en un artículo del Reglamento no 1164/94, modificación , [3] y en la aplicació errónea de un artículo de la Directiva sobre coordinación de los Procedimientos de adjudiÂcación de Contratos en los Sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, [4] así como un motivo subsidiario: la existencia de un error de Derecho en la aplicació de una letra de un apartadas del Mismo artículo de la Directiva.

El Tribunal General desestima el recurs interpuesto por España mediante la sentencia España / Comisión ( T-540/10 ), por considerarlo infundado.

El 16 de abril de 2013, España interpuso ante el Tribunal de Justicia un recurs de casación contra la sentencia del Tribunal General, solicitando sume Anulación y la resoluÂción definitiva del litigio mediante la anulación de la Decisión C (2010) 6154 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2010 .

En sume sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia decide anular tanto la sentencia del Tribunal General (T-540/10) como la Decisión de la Comisión de 13 de septiembre de 2010.

El Tribunal de Justicia señal que, a partir del año 2000, la Comisión estaba obligada a respetar un Plazo legal para adoptar una decisión de Corrección financiera.

A este respecto, el Tribunal de Justicia Recuerda que el principio de cooperación leal vinculan tanto a las Instituciones como a los Estados miembros y que el proceÂdimiento que ha establecido el legislador de la Unión en materia de correcciones Financieras se fundamenta en una cooperación entre el Estado Miembro de que se tra te y la Comisión, basada en un equilibrio entre los Derechos y las Obligaciones AMBA partes. Este equilibrio se rompen si el Estado Miembro estuviera obligada a respetar determinados Plazos y la Comisión no.

Además, la fijación de un Plazo preestablecido para la adopción de la decisiones finales se necesaria miedo tratarse de decisiones con un impacto presupuestario notable, en las que el Hecho de que la finalizacion del proceÂdimiento de correcciones financiera sea previsible redunda en beneficio tanto del Estado Miembro de que se tra te como de la Comisión.

Por tantas, el Tribunal General cometíamos un error de Derecho al declarar que el Reglamento no 1164/94 modificación no establece ningún Plazo para que la Comisión adopte sume decisión de Corrección financiera.

Resolviendo sobre el asunto, el Tribunal de Justicia determina, a la luz de la legislación aplicable, que en este caso la Duración del Plaza incumplida por la Comisión ha Sido de seis meses, por tratarse del Plaza establecido en el artículo 100, Apartado 5, del Reglamento no 1083/2006. [5]

En efecto, actualmente las correcciones Financieras que Reducir texto <br> adoptar la Comisión son Objeto de normas comunes en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, establecidas en DICHO Reglamento. En él se determina que, si la Comisión y el Estado Miembro Interesado no Llegan a un ACUERDO, la Comisión Debe adoptar una Decisión sobre la correccion financiera en el Plaza de seis meses a partir de la fecha de la audiencia. [6]

En este asunto, la audiencia Tuvo Lugar el 11 de marzo de 2010, Mientras que la Comisión no adopte la Decisión controvertida ta el 13 de septiembre de 2010 Por consiguiente , la Decisión de 13 de septiembre de 2010 no FUE adoptada válidamente y deberia ser anulada .

Al haber Sido anulada la Decisión de la Comisión, por el momento digo Institución No tiene ninguna base jurídica para Reducir el importe de la ayuda inicialmente concedida .

 

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[1]      Las cuatro fases de proyecto era las Siguientes: «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-A »; «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní) »; «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramos XI-A y XI-B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida) », y« Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Lleida-Martorell (Plataforma). Subtramo IX-C ».

2      Decisión C (2010) 6154 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2010.

3     Reglamento (CE) nº 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de Cohesion (DO L 130, p. 1), en super versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1264 / 1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 (DO L 161, p. 57), y por el Reglamento (CE) nº 1265/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 (DO L 161, p. 62) (en lo sucesivo, «Reglamento no 1164/94 modificación»).

4      Directiva 93/38 / CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los Procedimientos de adjudiÂcación de Contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 199, p. 84).

5      Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecia las Disposiciones generales RELATIVAS el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (DO L 2010, p . 25)

6    Si no se hubiera celebrada audiencia, el Plaza de seis meses empezó a contar dos meses despés de la fecha que conste en el escrito de requerimientos enviado por la Comisión.

 

Para consultar el texto íntegro de la sentencia Reducir texto <br> ponerse en contacto con la Unidad de Prensa e Información. Además, a partir de las 12 horas CET del día de super lectura, la sentencia en el asunto C-197/13 P se tará disponible en la web del Tribunal de Justicia .

 

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