El Servicio de Teleayuda Domiciliaria de la Diputación atiende ya a 2.518 personas mayores de 122 municipios de la provincia

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El Servicio de Teleayuda Domiciliaria de la Diputación de Castellón atiende actualmente a 2.518 personas mayores de 122 municipios de la provincia. Con ello, la institución vuelve a demostrar su vocación de servicio a las personas que más lo necesitan de la provincia, al dedicar 263.238 euros de su presupuesto social al mantenimiento de esta asistencia que presta a los 134 municipios adheridos.

 La diputada de Acción Social, Elena Vicente-Ruiz, ha agradecido “a los trabajadores que prestan esta asistencia su vocación de servicio y profesionalidad para atender a nuestros mayores. Las personas mayores de la provincia son una prioridad para el Gobierno Provincial, y con esta iniciativa mejoramos su calidad de vida en sus municipios, algo especialmente significativo en el entorno rural, pues procuramos que puedan seguir viviendo en sus domicilios con los beneficios que ello supone para su estado de salud y su calidad de vida, así como la de sus familiares”.

Cabe recordar que el Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria se destina a los ciudadanos domiciliados en los municipios de la provincia que, por razón de edad, enfermedad o concurrencia de discapacidad física o sensorial, precisen de la asignación del mismo para mejorar su calidad de vida posibilitando con ello, su permanencia en el entorno inmediato habitual.

En ese sentido, el servicio se dirige a personas de edad a partir de los setenta años; personas afectadas de enfermedad crónica de la que deriva una situación de riesgo; personas convaleciente, y personas con algún tipo de discapacidad física o sensorial. La priorización en la asignación del servicio se efectúa en base a la valoración del estado de necesidad del solicitante, documentalmente acreditado por el Ayuntamiento de su localidad, baremándose el grado de dependencia o autonomía del mismo en relación con las siguientes capacidades: capacidad de desplazamiento en el interior de la vivienda, capacidad de relación con el entorno inmediato y capacidad de autoprotección.

Prioridad para las personas con menos recursos

“Se contemplan además circunstancias como la edad del solicitante, así como la disponibilidad, o no, de familiares o allegados con capacidad para asumir su atención de forma adecuada y continuada. También se valorará la situación económica de los solicitantes, priorizándose en la asignación del servicio, en situaciones de idéntico riesgo sociosanitario, a aquéllos que acrediten un menor poder adquisitivo”, ha concretado la diputada.


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