El sector del espectáculo valenciano se moviliza

Trabajadores del espectáculo cerca de 200 trabajadores y consumidores del sector y la cultura de la Comunitat Valenciana se han concentrado este lunes contra la “abusiva” subida del IVA y los recortes del Gobierno central bajo el lema ‘La cultura no es un lujo’.

Tras el anuncio de las últimas medidas tomadas por el Gobierno de España relacionadas directamente con materias culturales, un considerable grupo de medios musicales  han decidido unirse para manifestar una común disconformidad.Diferentes asociaciones y colectivos independientes del sector de la cultura, el arte y del espectáculo han convocado la protesta a las 20 horas en la Delegación de Gobierno para expresar su “radical oposición” y su “más enérgica protesta” ante las medidas adoptadas por el Ejecutivo, “que amenazan con estrangular definitivamente toda la actividad cultural de la Comunidad Valenciana”.

Pasadas las 20.15 horas, los concentrados han tomado la calle Colón, donde se encuentra la sede de la Delegación de Gobierno en Valencia, mientras silbaban y pedían la “dimisión” de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León.

Uno de los portavoces de la protesta, el músico Manolo Tarancón, ha señalado, antes de tomar la calzada, que la subida del IVA deja “herido de muerte” al sector y ha manifestado que “no tenemos porque pagar nosotros las maldades de otros”.

Asimismo, ha explicado que se pondrá en marcha una plataforma que agrupe a los diferentes colectivos y asociaciones que se han adherido a la protesta y ha anunciado más movilizaciones.

Durante la concentración, se ha leído el Preámbulo al Manifiesto por la Cultura en España que se hizo público en toda España el 20 de julio de 2012 y fue suscrito por las asociaciones culturales valencianas.

El Preámbulo critica las “condiciones de precariedad creciente” en una autonomía que se ha caracterizado por “no haber desarrollado políticas activas de fortalecimiento del tejido creativo y de promoción del arte y la cultura”.

“Asistimos al desmantelamiento de las obras sociales de las cajas de ahorros y los indicadores de producción y consumo cultural se encuentran por debajo de la media española”, lamenta el documento.

El Preámbulo considera una “contradicción” tomar medidas como la subida del IVA en 13 puntos, “que pone en peligro el desarrollo de la iniciativa privada”, justo “cuando la crisis económica esta produciendo la reducción extrema de las inversiones públicas”. “Una sociedad que no produce arte cultura y pensamiento es una sociedad empobrecida”, subraya.

“Entendemos que la obligación de los poderes públicos en estos tiempos de dificultades financieras extremas debería ser diseñar programas de actuación destinados a promover un incremento de la actividad, proponiendo soluciones a una crisis que ya afecta sobremanera a un ámbito social y profesional tan precario aquí como es el de la producción cultural”, señala el documento.

Y finaliza: “Porque la práctica y el consumo cultural no son una mera ocupación del tiempo de ocio sino un camino hacia el desarrollo integral de la condición humana que enriquecen a la sociedad y al individuo. De ahí que los gobiernos tengan la responsabilidad de promover la producción y difusión cultural, garantizando el acceso de todos los públicos al arte la cultura y el conocimiento, para convertirla en un bien cotidiano”.

MANIFIESTO POR LA CULTURA EN ESPAÑA

Las medidas adoptadas por el Gobierno el pasado 13 de julio sitúan irreversiblemente a España en una dirección de recesión económica y de dependencia política que no permite anticipar una salida a la actual situación de crisis económica y social; su próxima puesta en marcha afecta, además, a los futuros parados, a los futuros jubilados, a los pensionistas, a los dependientes y sus familiares, a los funcionarios, a los autónomos, a los artistas y empresas culturales…

El ataque al ya frágil tejido cultural, que a partir del 1 de septiembre quedará herido de muerte, es especialmente grave por lo irracional de su planteamiento: algunas de estas medidas, lejos de ayudar a aportar soluciones a la crisis económica, van a conducir a la extinción de una red de profesionales y empresas especialmente preparados para mejorar la calidad de nuestra convivencia; en estos momentos, el tejido cultural es el más adecuado para promover la innovación, impulsar la crítica, sustentar la cohesión social, imaginar un futuro… es decir, para contribuir de forma decisiva al diseño colectivo de un nuevo modelo económico para nuestra sociedad.

Las medidas del 13 de julio lo van a debilitar irremisiblemente, para ahondar más si cabe la crisis ética de nuestro país y el escepticismo sobre nuestra capacidad de salir juntos adelante, sin dejar a nadie en el camino. La cultura es un lugar privilegiado para dotar de credibilidad a los mecanismos colectivos de nuestra sociedad, para proponer vínculos que mejoren nuestra cohesión, para estimular procesos colectivos. Sin esa red de intereses culturales en la que se entretejen pasado, presente y futuro los proyectos colectivos son más difíciles de desarrollar.

No es posible omitir que las medidas del 13 de julio, unidas a las que se han ido adoptando cada viernes de dolores y a las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado de este año, van dirigidas contra los sectores más débiles de la sociedad española y contra los diferentes colectivos que pueden obstaculizar la intención de los intereses financieros europeos de configurar una orla mediterránea de mano de obra barata y mucho suelo disponible, con el menor control democrático sobre este proceso. Y los profesionales y las empresas culturales formamos uno de los sectores que pueden oponerse, por su capacidad de crítica y su influencia social, a este proceso de autoritarismo económico.

Las medidas del 13 de julio no van dirigidas exclusivamente contra los profesionales y las empresas culturales, pero sí que van dirigidas contra nosotros, precisamente en un momento en el que, por la globalización que propician las tecnologías de la información, por la necesidad de mejorar la capacidad competitiva de los países, por el cuestionamiento de los modelos económicos tradicionales, la cultura debe considerarse como un sector estratégico, y mucho más en España, ya que es fundamental para dirigir nuestra función de bisagra entre las economías y las sociedades europea y latinoamericana. Por eso no se entiende desde la racionalidad económica el tratamiento que el Gobierno va a dar desde el 1 de septiembre al conjunto de la actividad cultural: en un momento de recesión como el actual, el consumo de bienes culturales presenta una tendencia negativa irremisible; a ello contribuirá más todavía el doble efecto de aumento de coste que representan el incremento de las retenciones de IRPF para los autónomos y el incremento de IVA para la mayor parte de bienes culturales, en algunos casos de hasta un 13 %; sumadas estas dos medidas, lejos de aumentar la recaudación por parte del Estado -lo que podría no compartirse, pero sí entenderse- va a reducirla porque va a minimizar hasta la nada la actividad cultural productiva, al tiempo que se precariza más todavía al sector, lo sitúa en una posición de difícil competitividad con el exterior y lo empuja hacia transacciones irregulares, fuera de la disciplina fiscal, sobre todo en algunos de los ámbitos de actividad. La adopción de estas medidas va a contribuir al empobrecimiento intelectual de España y va a arrojar al paro a miles de trabajadores.

En la actual situación sería comprensible que se planteara desde el Gobierno un reparto de cargas entre el conjunto de la sociedad española para “salir de la crisis”, pero este reparto solo sería aceptable bajo tres principios: que se conozcan los objetivos, que se negocien los criterios y las formas de distribución y que afecte a todos los sectores de la sociedad, con la excepción de los más necesitados. Por lo que sabemos y vamos interpretando, los objetivos no son los que aparecen en los preámbulos de los decretos, los criterios y las formas de distribución son autoritarios, no trasparentes y sectarios y los sectores afectados por las medidas son los más débiles o los más dinámicos de la sociedad española.

Por todo ello, porque nos jugamos el ser o no ser de la actividad cultural en España, nuestro trabajo profesional y nuestra capacidad de contribuir a crear conocimiento, es imprescindible que de forma conjunta y con una visión racional y global de la situación respondamos cuanto antes a las medidas anunciadas por el BOE y exijamos al Ministerio de Cultura, Educación y Deporte la puesta en marcha de otras políticas, que no solo son posibles, sino sobre todo necesarias. La actividad cultural española necesita ser impulsada, no arrojada al contenedor de material reciclable. Desde el conjunto de los profesionales y empresas culturales reclamamos la unidad de todo el sector para hacer frente con la mayor fortaleza a este conjunto de medidas que van en contra de los intereses de nuestra soberanía como sociedad.

Desde esta unidad, exigimos la retirada de las medidas que atacan a la supervivencia del tejido cultural de nuestro país, como es el incremento del IVA al 21%; reclamamos un proceso de negociación del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte con las asociaciones representativas de los diferentes sectores para analizar la realidad económica de la cultura española y adoptar las medidas que, en la actual situación de crisis, garanticen su supervivencia y proponemos la elaboración conjunta de un Plan de Apoyo y Protección de la Cultura, hoy más necesario que nunca, como contribución de los profesionales y empresas culturales de España a la salida de la crisis. Hasta ese momento, rechazamos nuestra participación en todo acto o convocatoria promovido por el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte como muestra de protesta ante las medidas del 13 de julio.

Para expresar claramente nuestra posición unitaria como representantes del sector de la cultura, hacemos público este Manifiesto y convocamos acciones de protesta en todas las ciudades.

VLC Ciudad / Noticias Valencia

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