El PSPV denuncia la “inoperancia” de la Comisión sobre ‘Bebés Robados’ en las Corts y solicita pruebas gratuitas de ADN

Agencias La diputada socialista Mercedes Caballero ha anunciado que en el próximo periodo de sesiones “retomará el compromiso adquirido por las Corts en la pasada legislatura de facilitar y ayudar a resolver la situación de muchas de las familias con sospechas de haber sido víctimas” del robo de bebés, ya que, según ha apuntado, “hasta ahora la comisión interpartamental creada en 2013 con escaso interés por el PP e integrada por las consellerias de Gobernación, Justicia, Sanidad y representantes de diversas asociaciones, no ha avanzado ni solucionado ninguno de los aspectos para los que fue creada”.

Caballero ha señalado a través de un comunicado remitido por el PSPV-PSOE que “la Comisión ha resultado totalmente inoperante e ineficaz”, al tiempo que ha denunciado que “casi tres años después, las familias siguen sin poder tener acceso a la información y documentación de hospitales, cementerios, registros y centros religiosos que necesitan para que la fiscalía investigue sus casos”.

En este sentido, la diputada socialista ha registrado una pregunta oral a la conselleria de Justicia para que aclare si por parte de la administración se ha elaborado desde 2013 “algún estudio o plan de trabajo que aborde los problemas de acceso a la información de las distintas administraciones que la comisión reclamaba”.

Asimismo, ha resaltado el “escaso interés” del anterior ejecutivo valenciano en resolver “el que es uno de los capítulos más tristes y silenciados de nuestra historia reciente”.

“Según diversos informes, desde el año 1940 hasta 1990 más de 300.000 niños fueron separados de forma irregular de sus familias biológicas y dados por muertos para posteriormente venderlos a otras familias con la complicidad de médicos, matronas, responsables eclesiásticos e incluso de la administración y, sin embargo, la única respuesta del Consell de Fabra fue la de la pasividad y el abandono de los afectados”, ha apuntado la dirigente socialista.

Caballero también ha criticado que “pese a la obligatoriedad de que la comisión se reuniese de forma ordinaria al menos dos veces al año, desde 2013 sólo se ha reunido en tres ocasiones, una de ellas en sesión constitutiva, sin que se haya aportado solución alguna”.

Según la socialista, el problema al que se enfrentan muchas de estas familias es la incapacidad de que la justicia reabra e investigue sus casos, “puesto que al no disponer de los datos necesarios, las denuncias no prosperan y la fiscalía los archiva”.

Una “auténtica pescadilla que se muerde la cola” porque, además, “al no existir una investigación judicial, las pruebas de ADN que también necesitan como pruebas para seguir adelante con su búsqueda deben ser costeados por ellos mismos, por lo que muchos deben de endeudarse o prescindir de ellas y darse por vencidos”, ha explicado.

PRUEBAS DE ADN GRATUITAS

Ante esta situación, Caballero ha instado a la conselleria a que facilite “la justicia gratuita y pruebas de ADN gratuitas para las familias con sospechas fundamentadas independientemente de que puedan o no acceder a los registros que ahora se les niegan”, y ha pedido que desde el nuevo departamento de Justicia “se agilicen los trámites para obligar a que la documentación relativa al nacimiento, registro o entierro de bebés sea accesible”.

“Las víctimas de estas tropelías siguen demandando ayuda de los poderes públicos para conocer su historia, pero lamentablemente hasta ahora siempre se han encontrado con el silencio de la administración”, ha continuado Mercedes Caballero, quien también ha recordado que en el Congreso de los Diputados, el PSPV también presentó una Proposición No de Ley en octubre para crear un Banco de ADN nacional que permita cruzar de forma gratuita la información de todas las personas con sospechas.

“Es preciso conocer toda la verdad sobre esta trama porque sin verdad no hay reparación”, ha sentenciado Caballero, quien ha lamentado que, por el momento, la única decisión adoptada por el anterior ejecutivo fuese la creación de unas oficinas de registro “en el que las familias únicamente se inscriben con nombres y apellidos, que no sirve para nada más que para hacer un censo y que están gestionadas por la asociación FAVIDE, pero que no permite ni el intercambio de datos ni facilita la ayuda y el soporte psicológico ni judicial a unas víctimas a las que durante años hemos dejado totalmente desatendidas”, ha apostillado.

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