El presidente de Afinsa irá 12 años a la cárcel por estafar con sellos a 200.000 personas

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AGENCIAS 
La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, a 12 años y diez meses de prisión al considerarlo autor material de la estafa piramidal que afectó a unos 200.000 ahorradores que invirtieron en sellos de la filatélica, intervenida judicialmente en mayo de 2006.

En concreto, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos y seis de ellos tendrán que indemnizar de forma conjunta y solidaria a los afectados con una cantidad de 2.574 millones de euros por los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

Cano deberá abonar 240.000 euros en concepto de multa, pero la sentencia conocida esta mañana también condena a otros diez acusados. A Albertino de Figueiredo se le ha impuesto una pena de 11 años de prisión y 174.000 euros de multa, para Carlos de Figueiredo la pena es de 11 años y 11 meses de prisión y 198.000 euros. Vicente Martín -el otro coautor de la estafa-, sufrirá una pena de 11 años y seis meses de prisión, más 192.000 euros de multa.

Según los jueces, Cano -como economista- y Albertino Figuereido -como experto filatélico- fueron los que idearon y perfilaron el negocio piramidal concentrado en el vértice y los que adoptaban las grandes decisiones.

La Audiencia absuelve, en cambio, al auditor de la compañía, Francisco Blázquez y al jefe de operaciones en Europa, la filial de Afinsa, Ramón Egurbide, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas de 2 y 8 años de prisión.

Estafa agravada con “revalorizaciones inexistentes” de sellos

El tribunal aplica a los 11 exdirigentes de la empresa tipo agravado de la estafa al valorar el perjuicio masivo que produjo la compañía filatélica a 190.022 titulares de los 269.570 contratos que la administración concursal de Afinsa Bienes Tangilbles S.A reconoció.

Según la Sala, esta estafa piramidal afectó a “ahorradores procedentes de las clases medias” que trataban de guardar fondos para la jubilación o hacer frente a situaciones de crisis. La sentencia dice que Afinsa conseguía “atraer y hacer caer a familiares, amigos, vecinos y conocidos” de los afectados y que puso en marcha una “maquinación engañosa idónea para inducir al error a personas en invertir sus ahorros y suficiente para seducir a los clientes”.

Es más, la sentencia de 174 páginas explica que éste era un negocio ficticio “sin ningún sentido económico” basado en una sobrevaloración constante de sellos que no tenían valor intrínseco y que clientes “no informados y crédulos” invertían en la medida que se les prometía la devolución de su dinero, incrementado con un interés muy superior a lo que ofrecían las entidades financieras.

Cooperadores necesarios

Por otro lado, se condena también a Emilio Ballester López por ser cooperador necesario junto a José Joaquín Abajo. A Ballester se le ha puesto una pena de 10 años y 3 meses de prisión y 168.000 euros de multa; mientras que a Abajo se le condena a seis años y tres meses de prisión y a pagar 78.000 euros.

Estas penas son menores a las que solicitaba el Ministerio Público en su escrito de acusación. El tribunal también ha condenado a Esteban Pérez Herrero y a Ramón Soler a cuatro y tres años de prisión, respectivamente, al entender que eran cómplices.

Francisco Guijarro Lázaro se le imponen en total seis años y cinco meses de prisión por ser cómplice en el delito de estafa agravada continuada y autor de blanqueo de capitales. Se le condena por un delito contra la Hacienda Pública y le ordena a pagar una multa de 69 millones de euros.

Por último, Joan Domingo Brualla y Jordi Domingo Brualla son condenados a dos años y tres meses de prisión y a una multa de 1,13 millones de euros, al considerarles coautores del delito contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó penas de entre dos años y medio y 19 años de cárcel para 14 directivos de Afinsa por organizar entre los años 1998 y 2006 un “engaño” a través de la comercialización de sellos que no tenían el valor que se les atribuía y que experimentaban “revalorizaciones inexistentes”.

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