El PP pide al PSPV que el presupuesto de 2016 prevea la rebaja anunciada para las unidades de la CV-18

Reunión PP Burriana en sedeEl PP pide al PSPV que el presupuesto de 2016 prevea la rebaja anunciada para las unidades de la CV-18 y el sector Llombai-Monges

Rius anunció en julio que los terrenos reducirían su valor catastral lo que debe traducirse en una rebaja del recibo del IBI que abonan los propietarios del suelo

Burriana, 9 de octubre de 2015: El Partido Popular de Burriana ha instado al PSPV, partido que ostenta la alcaldía en la ciudad con los apoyos de Compromís y Podemos, a reflejar en el presupuesto de 2016 la revisión catastral anunciada el 30 de julio por la regidora de Hacienda, Cristina Rius, para tres unidades de ejecución situadas junto a la CV-18 y el sector Llombai-Monges. Esta medida va a comportar que los propietarios de estas unidades de ejecución paguen menos y, por tanto, se traduzca en una rebaja de los ingresos para el municipio.

“Si en julio Rius anunció esta medida, entendemos que debe de aplicarlo en los presupuestos que está elaborando de cara al año 2016. De lo contrario, se confirmaría que lo anunciado por la edil era un brindis al sol”, ha considerado Juan Fuster, regidor del Partido Popular en Burriana. La titular de la cartera de Hacienda avanzó durante el verano que se aplicarían rebajas a partir de 2016. Medidas fiscales “que deben beneficiar a un gran número de ciudadanos de Burriana”.

Las mismas, ha recordado Fuster, que “durante nuestro mandato promovimos y que con el respaldo de Cibur, permitió que hoy los titulares del suelo del parque empresarial de la carretera a Vila-real hayan visto rebajado el Impuesto de Bienes Inmuebles, que ha pasado de urbano a rústico”. “Entendemos que si Rius anunció esta revisión catastral para estos otros sectores, en 2016 el presupuesto ya debe reflejar ese impacto a la baja en la cuantía de ingresos”.

Tal y como ha señalado Fuster, “no somos amigos de lanzar brindis al sol, creemos que es más oportuno trabajar y avanzar en la consecución de objetivos que anunciar planes que luego no se cumplen y que generan una falsa expectativa entre quienes están afectados”. En este sentido, ha declarado el concejal, “debemos trabajar para que estos propietarios resulten beneficiados por la revisión catastral que hemos reclamado, pero antes de anunciar un calendario sujeto en meras hipótesis fundadas en intereses políticos, es más conveniente trabajar los objetivos y una vez cerrados y planificados, informar de los mismos”.

Para el regidor, la situación en la que se han visto envueltas estas tres unidades y el sector Llombai-Monges es extrapolable al PAI Golf Sant Gregori. En este caso, además, “acordamos una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI apoyándonos en un artículo de la legislación sobre la Ley de Haciendas Locales que contempla una condición especial para los casos en los que se justifique una actividad económica, interés cultural, social o de fomento del empleo que se cumple en este sector”.

Por este motivo, ha considerado el edil, “les rogamos que si lo anunciado en relación con el Catastro es puro humo, lo que deben hacer es acogerse a la modificación aprobada para aplicar una reducción del tipo”. Modificación, por cierto, ha apostillado Fuster, “que contó con el respaldo de todos los partidos políticos”. “Por lo que, si creyeron en la medida, lo que deberían hacer es aplicar ya para el próximo ejercicio una rebaja de impuestos, puesto que la normativa está aprobada y es vigente”.

Cabe recordar que el 7 de mayo el pleno de la corporación acordó modificar el artículo 9 de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el 7 de junio, la medida entró en vigor el jueves 8 de julio.

La ventaja fiscal, tal y como ha recordado Fuster, “se promovió desde el equipo de gobierno del Partido Popular y se buscó la participación de todas las fuerzas políticas para pactar una medida que finalmente se aprobó por unanimidad y que permitió resolver la situación en la que muchos titulares de suelo se habían visto inmersos como consecuencia del retraso en la ejecución de Unidades de Ejecución (UE) o Programas de Actuación Integrada (PAI)”.

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