‘Caso Púnica’ El juez propone juzgar a Granados por el chivatazo del guardia civil que le alertó de la investigación

Agencias El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha propuesto procesar, es decir, sentar en el banquillo a Francisco Granados, exconsejero madrileño y ex secretario general del PP de Madrid, por el chivatazo que recibió de un guardia civil sobre que la UCO estaba investigando a su socio David Marjaliza por la trama Púnica.

El magistrado, que ha terminado la instrucción de esta primera pieza de Púnica, procesa también por los mismo hechos al agente del Instituto Armado que dio el soplo, José Manuel Rodríguez Talamido, y al exasesor de la Comunidad de Madrid José Luis Caro, a través del cual Granados recibió al información.

En un auto de transformación en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cierra la investigación de la “pieza 1 Talamino” relativa a ese chivatazo -la causa consta de 14 piezas- y propone juzgar a los dos agentes por el delitos de revelación de secretos y a Granados por aprovechamiento de revelación de secreto.

Ahora, el magistrado da traslado a las partes para que en el plazo de diez días formulen sus escritos de defensa y acusación o bien soliciten el sobreseimiento de la causa.

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El juez cree que el soplo puso “en serio riesgo la investigación”

Según el auto, ha quedado acreditado que Talamino “ha faltado al deber de sigilo y discreción que le imponen los deberes de su cargo y que con su actuación y el indispensable apoyo de Caro Vinagre ha causado un grave daño para la causa pública, al poner en conocimiento y a través de ese cooperador necesario, de uno de los principales investigados, Granados, determinadas medidas policiales que provocaron una reacción inmediata por aquellos”.

Dichas medidas, continua el escrito, “pusieron en serio riesgo la investigación, obligando a retirar determinadas medidas operativas y reduciendo la eficacia de otras”.

“El implicado que lo revela lo conoce por razón de su oficio (policial), el segundo como cooperador necesario en delito especial de otro y la insistencia en diversos episodios – descartando que sea una indiscreta revelación puntual productor del alcohol- evidencia el ánimo de desvelar lo prohibido en el propósito de ayudar a los afectados por la investigación -los vigilados- para que adoptasen medidas que contrarrestasen la investigación penal”, añade.

En cuanto a Granados, explica que “no solo se entera por obra de Talamino de que puede estar siendo investigado en un asunto delictivo, como en el caso actual, sino que además insiste en recabar más información a través de Caro”.

El agente colocó una cámara oculta en el despacho de Marjaliza

Velasco relata en el auto cómo Talamino participó en la instalación por orden de la UCO de una cámara oculta en la puerta del despacho de Marjaliza para vigilar la entrada de “políticos, empresarios, funcionarios y colaboradores” que celebraban allí “reuniones de trascendencia para la investigación”.

Al día siguiente de instalarla, el 6 de septiembre de 2014, se detectó un llamada entre Granados y Caro Vinagre, en la que este le comentaba que la noche anterior un guardia civil le dio una información que “le sonó a advertencia” y mencionó a la UCO.

Más tarde, el exconsejero madrileño avisó a Marjaliza de que uno de la UCO había contado que “estaban haciendo cosas en la puerta” de su oficina, por lo que este llamó a su secretaria para avisarle.

Esta secuencia de llamadas, indica el juez, supuso que nuevos objetivos de la operación conocieran “la existencia de una posible investigación” lo que puso “en serio peligro el éxito de las pesquisas” y de hecho la cámara oculta tuvo que ser retirada.

Granados buscó en internet a qué se dedicaba la UCO

Granados además hizo búsquedas en internet para comprobar a qué se dedica la UCO y “una simple consulta telemática permite ver que dicho grupo se dedica a la investigación de casos de corrupción”, apunta Velasco.

“La reacción de Granados se deduce”, dice el juez, de esta afirmación en una de sus conversaciones telefónicas: “Y eso tiene una pinta malísima, me he metío yo (se entiende por el contexto que en internet), y eso tiene una pintaaa”.

A raíz de ese soplo, los objetivos de la investigación, especialmente Marjaliza, su secretaria, Granados, “y en menor medida” el por entonces alcalde de Valedemoro José Carlos Boza Lechuga, “comenzaron a adoptar unas medidas de seguridad adicionales, que obligaron a disminuir su frecuencia de llamadas y el contenido de las mismas”, explica Velasco, quien sin embargo solo considera a Granados beneficiario de la revelación de ese secreto.

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