El juez plantea juzgar a Juan Cotino por prevaricación y malversación en los contratos de la visita del papa

Para todos los públicos3581227reproducir video00.31 

Agencias El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al expresidente de Les Corts y exconseller del PP Juan Cotino y a otras 23 personas más por la adjudicación “irregular” a la trama Gürtel del contrato para las pantallas y la megafonía de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 con un sobrecoste de 3,3 millones de dinero público que se sustrajo de Canal 9.

El instructor encuentra indicios racionales de al menos ocho delitos: asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, fraude a las administraciones públicas, falsedad continuada en documento oficial, falsedad continuada en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.

Además de a Cotino, De la Mata procesa también al exdirector de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, a otros altos cargos del ente público, al presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a Pablo Crespo, a Álvaro Pérez El Bigotes, y al empresario José Ramón Blanco Balín, entre otros. También decide continuar el procesamiento contra nueve personas jurídicas.

Antes de dictar el auto de apertura de juicio oral para sentar a los procesados en el banquillo, el fiscal y las acusaciones tienen a partir de ahora diez días para presentar los escritos de acusación con las penas de cárcel que solicitan o pedir el sobreseimiento de la causa.

Cotino manejaba “desde atrás” los contratos

El instructor considera que Cotino es el último responsable -a través de la fundación que organizó la visita papal- de que la Radio Televisión Valenciana (RTVV) contratara a la constructora Teconsa -una empresa pantalla de Francisco Correa- para la instalación de las pantallas y la megafonía por cerca de 7,5 millones de euros. Según el instructor, se pagó un precio “desorbitado y notoriamente superior al del servicio prestado” que supuso un sobrecoste de 3,3 millones de euros “sustraído” del ente público y del que se enriquecieron miembros del grupo Correa.

En el auto de 79 páginas con el que pone fin a la instrucción de esta pieza separada del caso GürtelDe la Mata señala a Juan Cotino como “factórum” en la Generalitat y en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de las Familias, manejando “desde atrás” la toma de decisiones administrativas y contractuales hasta conseguir que fuera asignada a la RTVV la responsabilidad (“e incomprensiblemente la carga de la financiación”) de la contratación.

Aunque Cotino no tenía ninguna responsabilidad en el patronato de la fundación -creada por la Generalitat, el Arzobispado de Valencia, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento-, participó activamente en las reuniones y, de hecho, “era el elemento nuclear en el sentido de ser el responsable último en la toma de decisiones” sobre los contratos para la visita del papa, según el auto.

Aprobación del contrato con “un amplio sobrecoste”

José de la Mata relata que Juan Cotino, “en común acuerdo” con Pedro García, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Francisco Correa, “consiguió su propósito de que se adjudicara al grupo Correa los servicios mencionados” y que esta adjudicación no fuera a través de la fundación, sino a través de la televisión pública “a fin de realizar el pago con cargo a fondos públicos a través de un expediente de contratación que permitió” al entonces director de RTVV “aprobarlo con un amplio sobrecoste, con el que se enriquecieron personalmente los miembros del grupo”.

Según fuentes jurídicas, el instructor procede también contra los funcionarios que formalizaron el convenio entre la Fundación y RTVV y contra los que posteriormente participaron en la mesa de contratación que terminó adjudicando a Teconsa el contrato sin publicidad y tramitado de urgencia.

Todos sabían obviamente que todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido

De la Mata imputa a estos funcionarios un delito de prevaricación al hallar indicios de que “tenían plena conciencia de la ilegalidad” de su actuación. Primero, porque las empresa de Correa empezaron a trabajar sobre el terreno con personal de la RTVV antes incluso “de que se lanzara el proceso de contratación” de tal forma que cuando se preparan y firman todos los documentos “todos sabían obviamente que todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido para poder justificar los pagos“.

En segundo lugar, el juez señala que el análisis de la actuación de las distintas autoridades y funcionarios públicos implicados “refleja que conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación: pasaron por alto las insuficiencias y defectos de las ofertas; realizaron propuestas de adjudicación que beneficiaron notablemente a la empresa Teconsa, pese a conocer su absoluta falta de experiencia e idoneidad para desarrollar estos trabajos”.

De hecho, Teconsa acabó subcontratando a su vez a tres empresas la colocación de las pantallas por 2,99 millones de euros.

Reparto de los fondos sustraídos

El instructor también detalla en su auto el reparto de los fondos sustraídos de la Radio Televisión Valenciana (RTVV): su exdirector Pedro García se quedó 500.000 euros por su participación en la adjudicación; la misma cantidad recibió Álvaro Pérez, El Bigotes, por su intermediación en el contrato; y Pablo Crespo ingresó en la caja B de la organización más de 957.000 euros que acabaría beneficiando a Francisco Correa en operaciones inmobiliarias y al propio Crespo.

El auto también recoge que 230.000 euros se destinaron a financiar una operación inmobiliaria en el municipio de La Nucía, en Alicante, que benefició a Correa, Crespo y Blanco Balín, que además cobró al margen otros 249.000 euros.

De la Mata también relata que Teconsa asumió el pago a proveedores de más de 930.000 euros de las obras de una casa de Correa en Ibiza.

Al margen del procesamiento de estas 24 personas y nueve personas jurídicas por los contratos de las pantallas y la megafonía, el juez ha decidido incoar una pieza separada sobre la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de las Familias para investigar si cometió delito en el ámbito de la contratación desde su constitución en enero de 2005 hasta el momento de su extinción en marzo de 2014.

En Valencia, un juzgado ordinario ya investiga los contratos de Vaersa -una empresa pública dependiente de la Generalitat valenciana- con la Fundación por un presunto delito de malversación y prevaricación en relación con la visita del papa.

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