El juez de la Operación Taula pide al Tribunal Supremo investigar a Barberá por blanqueo

Así, el magistrado ha enviado al Supremo la investigación por supuesto blanqueo que afecta a la exalcaldesa y subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal investigada -imputada- en esta pieza separada. También considera que las explicaciones dadas por la senadora son “insuficientes” para excluir su posible implicación.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores ‘populares’, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

“Incoherente” no investigar a Barberá

Según el magistrado, dado que la exalcaldesa reconoció haber realizado el donativo de 1.000 euros al partido, por el que están imputados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también hicieron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería “incoherente” no elevarla causa al Tribunal Supremo, el único competente para investigar y juzgar, en su caso, a Barberá, por ser aforada.

El juez explica que ni las dos investigadas -imputadas- que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta sobre la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos.

En su escrito, el instructor de la Operación Taula apunta que Barberá como alcaldesa y máxima responsable del Grupo Municipal del PP era la superiora jerárquica de la reponsable de finanzas, principal investigada en el caso, y además, existía, a su juicio, una relación de estrecha confianza entre ambas.

La principal investigada, en su declaración judicial, se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero, han añadido las mismas fuentes.

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado es compleja, por sus características. Sobre este extremo, explica que la “presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal” “son muy anteriores en el tiempo”, pero considera “significativo” el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Explicaciones “insuficientes”

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, y niega el reintegro del mismo.

Sus explicaciones, señala el instructor, son “insuficientes” para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

Respecto al exconcejal y actual diputado autonómico Miquel Domínguez, quien también habría efectuado la aportación de mil euros, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia y, al igual que Barberá, rehusó la invitación para declarar voluntariamente, pero ha presentado un escrito de alegaciones.

El TS deberá pedir permiso para investigar

Si finalmente el Tribunal Supremo decide investigar a Barberá, deberá pedir permiso al Senado, ya que es miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta y seguirá aforada aunque se disuelva el Senado el próximo 2 de mayo por la repetición de las elecciones.

Una vez que estudie la documentación del Juzgado valenciano, el Tribunal Supremo tiene que decidir si acepta o no el asunto en un plazo de tiempo indeterminado y que puede prolongarse. Si admite la investigación pasado el 2 de mayo, es muy posible que las Cortes se hayan disuelto porque no se ha elegido un Gobierno y que se convoquen elecciones.

A partir de entonces, los parlamentarios nacionales dejarán de serlo salvo los miembros de la Diputación Permanente y este es el caso de Rita Barberá: es miembro suplente de este órgano del Senado por lo que no perderá la condición de senadora ni por tanto el aforamiento.

Es decir, si el Supremo encuentra indicios y decide investigar a la ex alcaldesa de Valencia, deberá pedir al Senado que le retire esta protección mediante la aprobación de un suplicatorio. Se da la circunstancia de que sería la misma Diputación Permanente la que tendría que estudiar y votar precisamente si lo concede o no, salvo que para entonces hayan transcurrido las elecciones y constituido un nuevo Senado.

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